El presidente del parlamento, el sandinista René Núñez, repitió las mismas líneas, con su voz borrosa: “Se suspende la sesión”.
Núñez ha utilizado la frase en los últimos tres meses, pero ayer debió admitir un ingrediente extra: cuatro directivos reubicaron en la agenda base una ley contra el decreto presidencial 03-2010 y para hoy en la mañana pretenden colocarla en la orden del día.
El decreto presidencial, emitido el pasado 9 de enero, prorrogó en sus cargos a 23 funcionarios de Estado de primer nivel.
OTROS PODERES AL BORDE DE LA PARALIZACIÓN
Desde entonces, en el parlamento parece que se detuvo el tiempo y no hubo más sesiones ordinarias. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) le sigue los pasos, mientras la Contraloría General de la República está dirigida por funcionarios de facto y el Consejo Supremo Electoral quedará sin magistrados en junio.
El diputado y directivo por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Carlos García, aseguró que si los sandinistas insisten en frenar el trámite a la ley contra el decreto 03-2010, la parálisis legislativa continuará.
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Durante este año, reiteró ayer la diputada sandinista Alba Palacios, se han aprobado una ley y un decreto. Apenas se ha celebrado una sesión ordinaria completa.
Palacios, segunda secretaria de la directiva, manifestó que para el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) la ley contra el decreto 03-2010 no tiene valor legal.
Según Palacios, tras el “descubrimiento” de que el segundo párrafo del artículo 201 de la Constitución de 1987 está vigente, todos los funcionarios pueden permanecer en sus cargos mientras no se elijan a sus sucesores.
“De acuerdo con la investigación jurídica, está vigente la Constitución, entonces cualquier ley en contra (del segundo párrafo del artículo 201) está muerta. Legalmente no tendría ningún efecto porque no sería constitucional”, adujo Palacios.
BOCHORNOSO E INACEPTABLE
Los opositores rechazan la versión del FSLN.
“El artículo 201 transitorio ya no existe y la ley es clara, ya no son magistrados aquéllos a quienes se les venció su período, punto”, resumió el diputado Eduardo Montealegre, de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN).
De hecho, Montealegre calificó como “bochornoso” que los funcionarios a quienes ya se les venció su período de cinco años al frente del Estado insistan en continuar ejerciendo sus funciones.
“Los ex magistrados de la Corte Suprema del orteguismo quieren meter en más crisis a Nicaragua, es lamentable y bochornoso. Es inaceptable que autoridades legales de este país irrespeten y violen la ley y la Constitución”, mantuvo Montealegre.
Edwin Castro, el coordinador de la bancada del FSLN, desconoció una crisis en el Poder Judicial y calificó a los liberales de querer seguir ganando su salario en el parlamento, pero sin trabajar.
“Aquí estamos hablando de quién cumple la Constitución y quién no. Aquí no hay crisis”, afirmó Castro.
En la fallida sesión de ayer, fue notorio que los cinco miembros de la Bancada por la Unidad Nicaragüense no se registraron oficialmente.
El lunes el director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Bayardo Izabá, explicó que la Constitución Política es clara en los artículos 162 y 163 en que los funcionarios públicos sólo son electos por cinco años, y si desean seguir en el cargo, deben ser electos nuevamente por la Asamblea Nacional.
Por tanto, el decreto del presidente Daniel Ortega, 03-2010, no permite a los abogados Rafael Solís y Armengol Cuadra continuar como magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
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