El régimen del comandante Daniel Ortega Saavedra no ha dejado de aplicar sus prácticas malsanas de su primer régimen militar en la década de los ochenta, cuando confiscaba masivamente todo lo que encontraba a su paso. No sólo confiscaba los bienes de la familia del también dictador Anastasio Somoza Debayle y sus allegados, sino que igualmente lo hacía con gente que no tenía que ver con la dictadura.
Ahora lo hace de forma selectiva y utilizando instrumentos legales que permiten a las instituciones del Estado ejercer determinadas acciones. Desgraciadamente esas instituciones, sus funcionarios y empleados en general están sometidos a la voluntad del comandante Ortega y no al espíritu y la letra de la ley.
Dicho lo anterior, me remito al caso de la familia Martínez, quien ha venido enfrentando todas las injusticias del régimen orteguista a través de la Alcaldía de Managua, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Sala Constitucional orteguista de la Corte Suprema de Justicia, instituciones que han hecho de todo para evitar pagar lo que verdaderamente corresponde a los dueños de las propiedades donde se ejecuta un proyecto del régimen actual.
El régimen de Ortega está privando a una familia nicaragüense de la posesión de sus bienes sin la debida compensación. Esta familia que jamás le ha hecho daño a la familia presidencial y su séquito, ahora se enfrenta al poder dictatorial del comandante, el mismo que desgobernó el país bajo la bota militar en los años ochenta. Ortega castiga a la familia Martínez quitándole parte de sus propiedades y pagándole precios por debajo de lo real.
Últimamente, la administración orteguista de la Alcaldía de Managua ha pretendido en cinco ocasiones apropiarse de manera ilegal del material selecto dentro del cerro Los Martínez. El régimen de turno quiere quitarle a esta familia 280 manzanas de tierra. El año pasado, el Gobierno le donó a la Alcaldía de Managua 146 manzanas de propiedad, sin el consentimiento ni la indemnización de ley que le correspondía a la familia Martínez.
Pero aun cuando la “expropiación” (en la práctica es una confiscación) de manera anómala no ha concluido porque los perjudicados siguen dando la batalla legal, la alcaldía orteguista ha tratado de extraer material selecto de la mina (que mide cerca de 100 manzanas) de la familia Martínez sin el consentimiento de los dueños.
El viernes pasado, la Sala Constitucional orteguista se pronunció a favor de la “expropiación” y negó el derecho a la propiedad que es reclamada por los Martínez, ratificando que la familia reclamante tiene derecho a una indemnización de 39 millones de córdobas en bonos del Estado. Los bonos se venden en el mercado a un valor inferior al córdoba, por lo que en la realidad, el pago que los Martínez recibirían por las 146 manzanas no alcanza ni siquiera los 20 millones de córdoba. Por estas y muchas otras cosas más que hace el régimen de Ortega en contra de algunos nicaragüenses, es que ni siquiera se debe aceptar su inconstitucional candidatura, menos votar por él. ¿A quién le gustaría que le quiten sus bienes y no le paguen lo que corresponde?
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