Si por cualquier razón Venezuela deja de autorizar el uso de unos 40 millones de dólares anual provenientes de la empresa Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa) para pagar el bono-regalo a los trabajadores públicos en Nicaragua, el gobierno tendrá que asumir esos recursos vía Presupuesto General de la República y continuar ese pago.
Al menos esto es lo que tanto diputados sandinistas como liberales dijeron que quedó claro, luego de la reunión que sostuvo la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional con el equipo de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El jefe de la misión del FMI, Gastón Gelos, no quiso brindar declaraciones a los medios de comunicación.
Sin embargo los legisladores coincidieron en que ese organismo mantiene la exigencia de que el Gobierno brinde constantes y detallados informes sobre los flujos de la llamada cooperación venezolana y su incidencia en la economía interna de Nicaragua.
Según explicaron los diputados, la preocupación expuesta en la conversación de parte de los representantes del Fondo Monetario Internacional es que no existe garantía de que los 400 millones de dólares anuales —que representa toda la cooperación— sean sostenibles a largo plazo.
Ante esa inseguridad, según Wilfredo Navarro y Wálmaro Gutiérrez, diputado liberal y sandinista, respectivamente, el FMI considera que debe garantizarse que el Gobierno pueda absorber con recursos del Presupuesto el bono-regalo al valorarlo como parte del salario de los empleados públicos.
Pero Gutiérrez acepta que el Presupuesto General de la República “no tiene capacidad” para asumir ese pago de salario adicional.
De acuerdo con las informaciones oficiales, el bono-regalo para el mes de marzo ya fue pagado a 146,565 trabajadores del sector público, quienes recibieron 530 córdobas cada uno.
Este pago es mensual y lo efectúa Alba-Caruna, la cooperativa que maneja los recursos de las empresas de Albanisa.
FMI INSISTE EN TRANSPARENCIA
Desde que el presidente Daniel Ortega en abril del año pasado anunciara la entrega de este complemento salarial, ha sido tema de tensión en las relaciones con el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Nicaragua.
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Incluso la medida en ese momento provocó un impasse al suspenderse la cuarta revisión del programa de Servicio de Crédito Ampliado (SCA) suscrito por Nicaragua, que haría el FMI en mayo del 2010. El programa logró salvarse hasta finales del año, luego que el Gobierno tuvo que comprometerse a mantener informado al organismo de los fondos venezolanos y de asegurar políticas que controlaran su impacto en la economía.
No obstante, el organismo multilateral ha mantenido que el bono-regalo es un gasto recurrente dentro de la masa salarial del Estado. Ha insistido que los recursos con que se pagan deberían incorporarse al Presupuesto, lo que no ha querido ser aceptado por el Gobierno.
Sin embargo, los representantes del FMI ratificaron su postura en la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto.
El diputado Navarro afirmó que el jefe de la misión del FMI, Gastón Gelos, fue claro en expresar que “este bono lo perciben como un gasto recurrente y que en cualquier momento debería ser integrado al salario porque le crea distorsiones económicas”.
Para Navarro lo importante del encuentro es que obtuvieron el compromiso del organismo en que seguirán presionando por “la transparencia y el seguimiento de la ayuda venezolana, que aún cuando se diga privada, por su incidencia e implicancia en los parámetros macroeconómicos” como la inflación.
GUTIÉRREZ ADMITE QUE NO SE PUEDEN ASUMIR
Por su parte el diputado Gutiérrez, quien además es presidente de la Comisión Económica, admitió que los fondos de Venezuela “son una masa de recursos sumamente importante y que se está aplicando a elementos de la economía que son altamente volátiles y sensibles como es el tema del salario” de los trabajadores públicos.
Dijo que ante esta realidad lo que hay que hacer es garantizar que, en caso que esa cooperación venezolana pudiese dejar de existir, Nicaragua tenga la capacidad de hacer sostenible la aplicación de esos recursos aún con sus propios esfuerzos fiscales.
Pero Gutiérrez admite que los ingresos del Presupuesto no permiten asumir esos 40 millones de dólares anuales para cubrir el bono.
“Hoy no. Definitivamente no (…) En este momento no tenemos recursos”, afirmó Gutiérrez, indicando que deberá seguirse dependiendo del Alba para satisfacer la demanda de incremento salarial de los maestros, trabajadores de la Salud, Policía y Ejército.
“En este momento no lo podemos hacer con nuestros esfuerzos fiscales, es una realidad, porque si lo hago sencillamente no voy a tener recursos para otras cuentas nacionales”, asegura.
INTENTAN ALARGAR MÁS LEY DE MICROFINANZAS
Otro de los temas discutidos entre el FMI y la Comisión Económica fue el de la ley de regulación al sistema de microfinanzas.
En este tema parece que el FMI no va a ceder en la solicitud de que no se apruebe este año, tal como lo ha solicitado el gobierno. Sin embargo, los diputados sandinistas intentaron convencer a los representantes del Fondo que “conviene” posponer la aprobación de dicha ley para el 2012.
El argumento usado es que hay “inquietud” de que se politice al ser el 2011 un año electoral.
Según el diputado Gutiérrez, le “hicieron poner los pies sobre la tierra” a los funcionarios del FMI que, aún siendo un compromiso como país, la aprobación de la Ley del sector de microcrédito dependerá de “la correlación de fuerzas” de las bancadas que la apoyen.
“Aquí en el Parlamento a veces no juega la razón sino la emoción electoral y no siempre es la mejor consejera”, refirió.
Insiste en que es preferible esperar hasta el 2012 para lograr aprobar “una buena ley” que fomente el microcrédito y a su vez brinde seguridad al sector, que arriesgarse a aprobar algo que dañe.
Donde al parecer hubo coincidencia es que la aprobación de reformas sobre Seguridad Social y una reforma tributara son temas que deben ser abordados con el nuevo Gobierno y la nueva Asamblea Nacional que resulte de las elecciones de este año.
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