Por Josué Bravo
Corresponsal/Costa Rica
El gobierno costarricense paralizará temporalmente la construcción de la carretera de 160 kilómetros, paralela al río San Juan, mientras el Ministerio de Obras Públicas y Transportes consigue más recursos económicos para finalizar la obra.
Las 18 empresas que construyen la polémica vía, recibieron ayer una carta del Consejo Nacional de Vialidad de este Ministerio, en la que anuncia la suspensión de la obra por falta de financiamiento, el mismo día en que la Sala Cuarta Constitucional rechazó un recurso de amparo interpuesto por dos organizaciones pro derechos humanos contra esta construcción.
El Ministro de Transporte, Francisco Jiménez, dijo a la prensa local que la suspensión de la obra es temporal mientras gestionan recursos nuevos adicionales al presupuesto, pero estimó que en unas dos o tres semanas la construcción se reactivará.
Costa Rica empezó a construir esta vía el año pasado, a raíz de un decreto ejecutivo de emergencia nacional dictado por el conflicto con Nicaragua, en la disputa por un humedal fronterizo que ambos países reclaman como propio.
Inaugurada el mes pasado por la mandataria Laura Chinchilla, con el nombre de Juan Rafael Mora Porras, esta carretera costará más de 30 millones de dólares a Costa Rica, de los cuales se han gastado alrededor de 20.
Ayer mismo, la Sala Cuarta Constitucional, rechazó el recurso de amparo presentado por dos organizaciones pro derechos humanos contra la mandataria Laura Chinchilla, por no brindar la información sobre el impacto ambiental de esta carretera que según Nicaragua amenaza con acabar con el San Juan.
“La Sala Constitucional, en sentencia número 2012-3266 de las 16:00 horas del 07 de marzo de 2012, declaró sin lugar el recurso de amparo presentado por la Fundación Mundial Déjame Vivir en Paz contra el Consejo de Seguridad Vial y la Presidenta de la República por la construcción de la ruta paralela al Río San Juan denominada Ruta Juan Rafael Mora Porras”, informó el Poder Judicial.
El representante de la Fundación Déjame Vivir en Paz es Alberto Cabezas y otro de los recurrentes fue Erick Chacón presidente de la Fundación para el Progreso de las Personas Ciegas. A ambos no fue posible localizarlos pero al presentar el recurso, Cabezas dijo que le estaban pidiendo cuentas a Chinchilla sobre el impacto ambiental de la construcción y la falta de accesibilidad para las personas discapacitadas, de acuerdo con la ley 7600.
“Nos pareció una barbaridad que la presidenta de la República le haya negado información a Nicaragua. Dijimos que eso no podía ser así, el recurso es para que ella rinda cuenta en el sentido que la carretera esté accesible a las personas ciegas y con discapacidad, rinda cuenta sobre el daño ambiental. Si no rinde cuentas al gobierno de Nicaragua, tendrá que rendirnos a dos organizaciones que luchan por los derechos humanos”, declaró a finales del año pasado Cabezas.
Al frente de su organización, Cabezas, costarricense, ha luchado contra la xenofobia hacia los nicaragüenses en Costa Rica. Para el promotor de derechos humanos, “esa carretera le está haciendo un daño al medio ambiente”.
La Sala Constitucional no lo consideró así y según el magistrado el magistrado Fernando Castillo, en declaraciones al diario La Nación, el recurso “no tenía asidero de conformidad con el ordenamiento jurídico ni la jurisprudencia de la Sala”.
Recordó que la carretera empezó a construirse por el decreto de emergencia nacional, el cual permite al gobierno obviar algunos trámites como el estudio de impacto ambiental. Sobre la supuesta violación a la ley 7600 sobre discapacidad, Castillo indicó que fue prematuro recurrir por la falta de rampas e infraestructura para estas personas, porque la vía no está concluida.
“(El recurso no demostró que efectivamente se haya vulnerado la ley. Es un recurso prematuro porque eso no se puede determinar anticipadamente, sino hasta que se termine la vía”, indicó.
