Elízabeth Romero
Una vez más la representación del gobierno inconstitucional de Daniel Ortega ofreció transmitir el interés de que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visite Nicaragua.
La comisionada de la CIDH para Nicaragua, Rose-Marie Antoine, solicitó a Managua que permita una visita de la Comisión para evaluar in situ la situación del país, una solicitud que Iván Lara, representante de la misión de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo que lo transmitiría al gobierno de Ortega.
En Managua el coordinador jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión, criticó que la representación oficial no respondió a los temas expuestos por ambas organizaciones. “Decirle a la Comisión Interamericana que en Nicaragua hay mecanismos internos en los cuales se debate y ahí es donde se resuelve y ahí es donde se establece la jurisprudencia… obviamente el Estado dice mucho”, dijo Carrión.
[/doap_box]
Lara y María Elsa Frixione, en representación del gobierno de Ortega, asistieron a la audiencia con motivo del 144 período de sesiones en la CIDH, donde no pudieron responder a los señalamientos de violación a los derechos humanos en el campo político y civil de los nicaragüenses, planteados por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) como peticionarios. Y más bien presentaron cifras alegando logros del Gobierno. En un momento la misma Frixione coincidió con la presidente del Cenidh, Vilma Núñez, de que parecía que estaban en audiencias diferentes.
Los representantes del gobierno de Ortega rechazaron discutir las denuncias sobre la violencia provocada tras las anomalías registradas en las elecciones pasadas, bajo el alegato de que ya había sido debatido en la Organización de Estados Americanos (OEA) luego de que esta emitió su informe sobre las elecciones pasadas.
REFORMAS A LEY ELECTORAL
Los peticionarios plantearon una reforma de la Ley Electoral en Nicaragua para evitar que se repitan las anomalías en los próximos comicios municipales.
“Consideramos imperativa la reforma de nuestra Ley Electoral, que incluye la sustitución de todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral y la modificación de las prácticas de dicho Consejo”, afirmó el director ejecutivo del Cenidh, Mauro Ampié.
El Cenidh y el Cejil recordaron las irregularidades en las pasadas elecciones presidenciales de noviembre de 2011, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelecto.
“Se cometieron innumerables y gravísimas violaciones a los derechos civiles y políticos que tuvieron como consecuencia se negara a la ciudadanía su derecho a elegir a sus autoridades en elecciones auténticas”, afirmó Ampié.
“Las preocupaciones respecto de la legislación y prácticas electorales adquieren una renovada vigencia porque en el mes de noviembre tendremos elecciones municipales”, dijo Ampié.
Entre los temas expuestos por el Cenidh y el Cejil por violación a los derechos humanos están los casos de detención del excoronel Víctor Boitano y del exdirigente del llamado movimiento de los Cachorros de Sandino, Marvin Vargas, así como los de Coperna y El Carrizo.
Sobre este último caso Marcia Aguiluz, del Cejil, destacó que en la resolución judicial se volvió a utilizar como “atenuante” que los autores de la matanza estaban ebrios. Y recordó que este mismo término se utilizó hace unos meses en el caso de violación contra Fátima Hernández.
