LA HAYA/AFP
Colombia y Nicaragua iniciarán el lunes sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para resolver el diferendo territorial marítimo en el Caribe que en los últimos años llevó a un paulatino enfriamiento de sus relaciones bilaterales.
El caso, que busca disipar una disputa centenaria por la soberanía de las islas de Providencia y San Andrés y los cayos de Roncador, Serrana y Quitasueño, frente a las costas orientales nicaragüenses, incluye audiencias hasta el 4 de mayo, aunque la sentencia podría tardar meses en ser anunciada.
El Gobierno de Colombia recordó hoy que ha ejercido “pública, pacífica e ininterrumpida su soberanía y jurisdicción” en la zona reclamada por Nicaragua.
Además, señaló que “esta posición está sustentada en la historia y el derecho, fundamentalmente en el norma de normas 'pacta sunt servanda' (los pactos son para cumplirse) principio fundamental del derecho internacional público”.
Este histórico diferendo ha enfriado las relaciones entre este país suramericano y el centroamericano, y ese clima se mantendrá mientras persista el desacuerdo, advirtió el viernes la canciller colombiana, María Ángela Holguín.
La jefa de la diplomacia colombiana admitió, sin embargo, admitió que el tono de las relaciones bilaterales evolucionó recientemente. Ambos países optaron por la moderación en vísperas del inicio de audiencias en La Haya.
RECLAMA SOBERANÍA
Nicaragua reclama a la CIJ la soberanía de un espacio de 50.000 km2 en el Caribe que incluye el archipiélago de San Andrés e islotes adyacentes, que en su mayor parte constituyen actualmente el departamento colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
En sus argumentos, Nicaragua señala que la soberanía de esos territorios marítimos quedó bajo control de Colombia mediante el Tratado Bárcenas-Esguerra firmado en 1928 y ratificado en 1930, pero que a la firma del acuerdo Nicaragua estaba bajo la ocupación militar de Estados Unidos (1927-1933).
En 1971, el gobierno de Nicaragua hizo una primera denuncia de ese tratado, cuando Colombia emprendió negociaciones con Estados Unidos en torno a la soberanía sobre Roncador, Quitasueño y Serrana.
En la década de 1980 el congreso nicaragüense declaró la nulidad dicho Tratado y reivindicó su soberanía del Archipiélago de San Andrés, caso que elevó a la CIJ en 2001.
En 2007, la Corte de la ONU se declaró competente para analizar la demanda nicaragüense.
“SON MUY GRANDES”
Para el experto en Derecho Internacional Mauricio Herdocia, ex integrante del equipo jurídico que preparó la demanda nicaragüense, las posibilidades de Nicaragua de recuperar sus espacios marítimos “son muy grandes”, según dijo a la AFP.
“La pretensión fundamental de Nicaragua de pedir a la Corte una delimitación (marítima con Colombia) era legítima y la Corte accedió y va a hacerlo”, dijo el especialista.
En la visión de Herdocia, Nicaragua deberá “demostrar” que el territorio a delimitar está en la plataforma continental de los dos países.
“La delimitación debe llevar a un resultado equitativo. En el peor de los casos, no se puede encerrar a Nicaragua ni cercenar la proyección de sus espacios marítimos o cortarle e impedirle de alguna forma tal proyección. Lo mínimo es la proyección de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva”, opinó.
El área en litigio ha sido motivo de conflicto y protestas diplomáticas por la captura de embarcaciones pesqueras o por la intención de los dos países de otorgar concesiones de exploración petrolera.
La isla de San Andrés es, además, uno de los más apreciados destinos turísticos del mar Caribe. La isla, con una superficie de unos 44 km2 posee una población de aproximadamente 65.000 personas.
