Por Josué Bravo
CORRESPONSAL / COSTA RICA
La Fiscalía General de la República confirmó la investigación por supuesta recepción de dádivas contra dos funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), en contrataciones para construir la carretera paralela al río San Juan, cuyo escándalo le costó el cargo al Ministro de transporte Francisco Jiménez.
La mandataria Laura Chinchilla exigió ayer mismo la renuncia a Jiménez, quien no está involucrada en la supuesta corrupción pero de inmediato dejó el cargo, por ser el jefe de un ingeniero y un técnico del Conavi responsables de supervisar y contratar a empresas proveedoras para la obra.
“En este caso, a diferencia de otros, sí cabe mi responsabilidad política, porque estos funcionarios fueron nombrados para esta gran obra y contaban con nuestra confianza, con la confianza de la Dirección Ejecutiva y la Junta Directiva del Conavi, donde yo era el Presidente.
Por eso y en plena coincidencia con la solicitud de la Mandataria, renuncio al cargo de ministro”, dijo.
El Fiscal Adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Juan Carlos Cubillo, fue quien confirmó la investigación abierta por esa dependencia, donde los acusados son de apellidos Ramírez y Serrano tras la denuncia interpuesta ayer por el entonces ministro Jiménez.
La supuesta dádiva recibida por los señalados, fue para favorecer a constructoras de la carretera de 160 de kilómetros que bordea el río San Juan, la cual, a pesar de estar en territorio tico amenaza con extinguir incluso el cauce nicaragüense, según ambientalistas.
Chinchilla, al anunciar con molestia el escándalo, dijo que las empresas involucradas también serán investigadas. Jiménez, ahora ex ministro, indicó que la supuesta corrupción no corresponde al manejo de fondos del proyecto, sino “un mal comportamiento” de uno de los señalados con empresa o empresas proveedoras.
La carretera Juan Rafael Mora Porras, como la nombró recientemente Chinchilla, provocó dos demandas contra Costa Rica por los daños al San Juan.
Una por organizaciones ambientalistas nicaragüenses en la Corte Centroamericana de Justicia y otra por el Estado de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia.
