Elízabeth Romero
Pregunta esa agrupación: “¿Quién protege a los delincuentes?”.
Al tiempo que menciona a dos de los sospechosos que no fueron acusados por la Fiscalía en los tribunales cuyos apellidos son García y Martínez.
La Policía asegura que “investiga”.
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El papá de la niña de 12 años que fue violada por policías en el perímetro de la seguridad de la familia Ortega-Murillo, informó al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que la afectación a la salud de esta la ha llevado en dos ocasiones a intentar suicidarse.
El coordinador jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión, se limitó a referir que a ese organismo le preocupa el estado de salud de la víctima. Carrión señaló que el Estado está obligado a brindar la mejor atención “para que esa niña no siga sufriendo más de lo que ya la hicieron sufrir los abusadores de uniforme”.
LEY VIOLENTADA
El abogado consideró que el hecho, “el cual es gravísimo”, evidencia que en este caso se ha violentado la Ley 779, Contra la Violencia hacia la Mujer. Sobre todo, dijo el defensor de derechos humanos, porque los violadores proceden de una de las principales entidades que están llamadas a aplicar la ley.
Y lo grave fue de que en lugar de que se profundizara la investigación, la misma más bien ha contado con obstrucción desde la Policía.
“Esa niña no ha sido tratada consecuentemente con lo que establece la convención del niño y niña de las Naciones Unidas (…) y todas las normas relacionadas a la protección de víctimas de este tipo de barbaridad”, sostuvo el funcionario del Cenidh.
Carrión recordó que fue por la decisión del padre, en su búsqueda de justicia y el acompañamiento del Cenidh, que obligaron a las autoridades a profundizar en las investigaciones, para que los sospechosos de la violación fueran remitidos a los tribunales.
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