Ramón García Gibson (*)
El 22 de noviembre tuve la oportunidad de participar como expositor en el Congreso Internacional 2012 Política Criminal Internacional en la era de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, organizado en México D.F. de manera brillante, por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), la Sociedad Internacional de Defensa Social (SiDS) y la Academia Mexicana de Ciencias Penales.
Durante dicho congreso se discutieron temas muy relevantes como la globalización del crimen y la armonización internacional del derecho penal a través de las convenciones y tratados internacionales; crimen organizado y crisis financiera internacional.
La mesa panel donde participé se denominó Mecanismos de intervención sobre las ganancias del crimen organizado. Lavado de dinero y fraude fiscal. De dicha mesa surgieron opiniones en diferentes sentidos, por lo que me gustaría compartir con usted estimado lector algunas de ellas. En este orden de ideas un argumento que recogieron los medios fue el relativo a si las leyes y mecanismos contra el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito podrían ser una buena herramienta frente al crimen organizado y si su aplicación es todavía insuficiente, debido a la carencia de recursos económicos y personal capacitado para dicha actividad, así como a la falta de voluntad política de las autoridades.
Partiendo del principio de que el orden jurídico y el Estado constituyen estructuras a través de las cuales se logra una convivencia organizada y pacífica, garantizando de esta forma el orden social, las leyes y mecanismos contra el lavado de dinero y enriquecimiento ilícito son fenómenos que si bien los divide una línea muy tenue, tienen naturaleza distinta por lo que se refiere al bien jurídico que tutelan toda vez que mientras las leyes contra el lavado de dinero protegen a las economías, los sistemas financieros y la competencia leal de los países.
Por otra parte las relativas al enriquecimiento ilícito son conductas más bien referidas a servidores públicos, aunque tratándose de recursos provenientes de actos de corrupción de estos “servidores”, los mismos constituyen lavado de dinero cuando se les trata de dar una apariencia lícita a estos dineros a través de diferentes operaciones.
Definitivamente los recursos económicos que maneja la delincuencia organizada son montos muy elevados, mismos que comparados con los presupuestos gubernamentales para combatir el delito pudieran estos últimos resultar desproporcionados para dicho fin, por lo que se refiere a personal capacitado considero que es un tema donde la balanza se puede equilibrar toda vez que tanto los empleados de los sujetos obligados del sector financiero y demás actividades vulnerables previstos en los diferentes ordenamientos, así como los funcionarios encargados de prevenir y combatir el lavado de dinero, en la mayoría de los casos, cuentan con capacitación sólida en la materia siendo deseable el que los elementos más capacitados fueran los que ocupen las posiciones claves.
El que no exista voluntad política de las autoridades en dicho esfuerzo es un argumento con el que no coincido por diferentes razones, mismas que analizo en un libro próximo a ser publicado. Una propuesta surgida durante el congreso fue la de diseñar mecanismos de fiscalización que involucren tanto a las autoridades como a los banqueros y a la sociedad interesada en el tema, así como crear un registro nacional de cuentas bancarias y un mecanismo para bloquear en cuestión de horas aquellos depósitos sospechosos, con el fin de evitar que los delincuentes los puedan retirar.
(*)Columna publicada los lunes en El Financiero de México.
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