Judith Flores
Corresponsal/Miami
Nicaragüenses residentes en el Sur de la Florida, gestionan ante el gobernador de ese estado, Rick Scott, el “perdón” para el matrimonio nicaragüense Ricardo y Josefa Dávila, quienes recibieron condenas máximas por maltrato infantil.
En el 2001, Ricardo Dávila fue condenado a cadena perpetua, mientras que su esposa fue condenada a 87 años de cárcel por abuso infantil en contra de su hijo menor, en ese entonces de once años.
Aunque no hubo muertos y ambos mostraron arrepentimiento y pidieron clemencia ante un juez, fueron sentenciados con penas máximas para criminales de alta peligrosidad. Se trata de uno de los casos más sonados a nivel nacional y uno de los sentenciados con mayor severidad.
El doctor Silvio Centeno, de Enlace comunitario, es uno de los firmantes de la carta en la que solicitan una reunión al gobernador para abordar el caso de clemencia a favor de los Dávila. Es la tercera vez que se hacen gestiones para lograr la libertad del matrimonio.
Centeno reconoce que hubo abusos de parte del matrimonio contra su hijo, pero cree que la sentencia fue excesiva. “Nuestro propósito es que ellos alcancen un perdón y que puedan tener la oportunidad de reintegrarse a la sociedad, creemos que han pagado por el delito que se les acusó, las personas tienen derecho a segundas oportunidades”.
El juicio se llevó a cabo en la ciudad de Miami. Las pruebas esgrimidas contra el matrimonio eran contundentes, fueron encontrados culpables de 34 de los 41 cargos en su contra presentados por la Fiscalía, de los cuales 29 fueron por abuso infantil, uno por abuso infantil sin agravante, otro por abandono y tres por secuestro.
De acuerdo a la acusación, el menor tenía solo cinco meses de vivir con sus padres, anteriormente residía en Nicaragua con su abuela materna, durante esos meses el menor vivió un calvario, parte de las torturas que sufrió a manos de sus padres fue la ruptura de huesos de la cara, le fracturaron los de las manos, le arrancaron varias uñas de los pies, le untaron picante en los ojos, y le hacían tragarse su propio vomito. El fin de esos bárbaros castigos era a disciplinar a su hijo.
El matrimonio vivía en la ciudad Sweetwater, y a raíz de la aprobación de la Ley Nacara, decidieron reunirse con sus dos hijos menores que vivían en Managua, para que pudieran tener derecho a adquirir la residencia americana.
El matrimonio Dávila, antes de la acusación, no tenían antecedentes penales, era una pareja laboriosa que trabajaba para darles un mejor nivel económico de vida a sus hijos.
