Dice el refranero popular que quien con lobos anda a aullar aprende. Lo cual es cierto, pero hay que agregar que a veces quien anda con lobos también resulta agredido por el rapaz y traicionero animal.
Se puede decir que algo así le ha ocurrido al ciudadano italiano Matteo Cardella Costa, quien la semana pasada fuera detenido por la Policía y expulsado a Costa Rica por las autoridades de Migración, y luego, su vivienda en Managua fue allanada por un destacamento policial sin mandato judicial de allanamiento.
Según las informaciones, Matteo Cardella Costa es hijo del también italiano Francesco Cardella Palumbo, ya fallecido, quien cobró fama en 2007 cuando fue nombrado por Daniel Ortega como embajador de Nicaragua en Arabia Saudita, un exótico lugar del Cercano Oriente donde nuestro país ni siquiera tiene sede diplomática. Aquel nombramiento fue ilegal porque Cardella Palumbo no era nicaragüense, pero al parecer Ortega se lo concedió como pago por favores prestados que no son del conocimiento público. Y en todo caso, seguramente el interés del supuesto embajador no era acreditarse como tal ante el reino saudita.
Cardella Palumbo estaba asociado con un poderoso personaje nicaragüense que pertenece al círculo más cercano a Daniel Ortega. Al morir Cardella Palumbo, su hijo y natural heredero, Matteo Cardella Costa, se involucró en una disputa con el socio nicaragüense de su padre por una valiosa propiedad localizada en la zona costera de mayor desarrollo turístico en el país. El resultado ha sido que el italiano de marras no solo perdió la propiedad sino que además fue expulsado violentamente del territorio nacional, de hecho solo con la ropa que llevaba puesta.
Se podría pensar y decir que está bien lo que le ha pasado al italiano Cardella Costa, pues merecido lo tenía por juntarse con cierta clase de personas. Pero la arbitrariedad y la violación a los derechos humanos es inaceptable y condenable, cualquiera que sea la persona que las sufra. Los derechos constitucionales amparan a todas las personas que se encuentran en el territorio nacional, sean nicaragüenses o extranjeras. Y de igual manera, los derechos humanos establecidos para todos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención Americana de Derechos Humanos, son inalienables e inviolables independientemente de la nacionalidad, el lugar de origen y la residencia de cada persona.
Como bien lo explicó a LA PRENSA el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), “para deportar o expulsar a un extranjero es indispensable la legalidad basada en el respeto a los derechos humanos: a ser oído, asistido por su consulado, derecho a alegar todo lo que tenga a bien (derecho a la defensa), que le emitan resolución y pueda contradecirla mediante recursos establecidos por la Ley de Migración. En consecuencia, su expedita expulsión en pocas horas es violatoria de esos derechos”. De manera que lo que ha hecho el régimen orteguista contra ese ciudadano italiano, independientemente de sus asociaciones políticas y personales anteriores, es una arbitrariedad típicamente dictatorial, una más entre las que se cometen cada vez con más frecuencia .
A pesar de eso, en algunos medios políticos e intelectuales se sigue discutiendo si lo que impera actualmente en Nicaragua, es un gobierno democrático o una dictadura.
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