Unos 150 indígenas desocuparon el jueves de noche el sitio de obras de la represa de Belo Monte, en el corazón de la Amazonia brasileña, que invadieron hace una semana, acatando una orden judicial que obligaba el desalojo, informó el sitio de noticias G1 de Globo.
Los indígenas de las etnias Munduruku, Xypaia, Kuruaia, Canela y Juruna, salieron después de que un tribunal del estado de Pará (norte), donde se levanta la usina, decidiera sobre el fin de la protesta y obligara a desalojar el sitio.
La salida se negoció en una reunión de tres horas entre un fiscal federal y funcionarios de la estatal Fundación Nacional del Indio (Funai). No se precisaron detalles del encuentro.
Según G1, los manifestantes no querían ser vistos como criminales y querían evitar un conflicto con la militarizada Fuerza Nacional, dado que habían niños y mujeres entre los invasores.
Los indígenas reivindican que se aplicara “la consulta previa a los pueblos indígenas”, o sea, que las autoridades les consulten antes de tomar cualquier decisión concerniente a los trabajos de la represa.
Unos 6,000 obreros se cruzaron de brazos desde el 2 de mayo, cuando comenzó la ocupación, y el viernes pasado unos 80 efectivos policiales, de la Fuerza Nacional y la Policía Militar del estado, fueron enviados para proteger el sitio.
Las obras de Belo Monte no se encuentra directamente en tierras indígenas, pero las comunidades aborígenes, muchas muy cercanas, aseguran que sufrirán con el impacto que tendrá en la selva y el rio.
Belo Monte es la mayor represa en construcción en Brasil y la tercera del mundo. Suministrará 11,233 MW, o sea 11 % de la capacidad instalada del país. Su funcionamiento implicará la inundación de 502 km2.
El gobierno prevé inversiones de 1,200 millones de dólares para reducir el impacto social y ambiental.
La primera turbina debe comenzar a funcionar en 2015 y la última en 2019.