A juzgar por la intensa actividad en su cuenta de Twitter con 32 millones de seguidores y por las veces que autoproclamó a su gobierno como el más transparente de la historia, Barack Obama aparenta ser un paladín de la libertad de prensa y de políticas favorables a la divulgación de información oficial.
Pero en la práctica, Obama está lejos de su prédica. Durante su presidencia se ha dispuesto la clasificación indiscriminada de documentos oficiales y se ha perseguido judicialmente a delatores del Gobierno y a más de 50 periodistas para que divulguen sus fuentes de información, bajo el argumento de la seguridad nacional, el mismo que se usa en países autoritarios para restringir las libertades.
La pobre performance del Gobierno se puso de nuevo en evidencia en estas semanas. El Departamento de Justicia, en forma secreta, obtuvo los registros telefónicos de veinte periodistas y editores de la agencia de noticias AP, en una aparente investigación sobre fuentes gubernamentales que delataron un plan terrorista fallido, que habría comprometido la seguridad nacional y de ciudadanos según el Gobierno.
Al mismo tiempo, el FBI calificó de conspirador al periodista James Rosen, de la cadena Fox News, luego de acceder a su correo electrónico y verificar las fuentes oficiales confidenciales que usó en 2009 para informar sobre ensayos nucleares de Corea del Norte.
No son hechos fortuitos, sino una conducta común de este Gobierno, que tiene el récord de haber procesado a seis de los nueve informantes que fueron acusados mediante la Ley de Espionaje que data de 1917.
Las pesquisas contra la AP y Rosen representan un abuso de poder, una forma de enviar un fuerte mensaje a los delatores para disuadirlos a ofrecer información que el Gobierno trata celosamente de ocultar. En todo caso, si el Gobierno pretendía saber sobre las fuentes, podría solicitarlas abiertamente, y de esa forma los medios hubieran tenido la posibilidad de colaborar o de negarse anteponiendo recursos judiciales.
Esta política de acoso secreto a fuentes y periodistas es contradictoria con dos disposiciones de las que Obama se vanaglorió en su presidencia. Una es la Ley para Mejorar la Protección de los Denunciantes que sancionó en noviembre de 2012, con intención de proteger a los empleados federales que informan sobre corrupción o acciones ilegales dentro del Gobierno.
La otra, un decreto que firmó al inicio de su primer período presidencial, expresando que “temores abstractos o especulativos” no son razones suficientes para justificar la confidencialidad y clasificación excesivas de información, algo a lo que no fue fiel, según demostró el New York Times al denunciar que su gobierno clasificó 77 millones de documentos en 2010, cuarenta por ciento más que en 2009.
Aunque Obama siga discursando sobre el fin de la cárcel de Guantánamo, lo cierto es que a los medios y periodistas no se les permitió acceder a testimonios de presos que denunciaban maltratos. Y mientras a los periodistas se les requisa y procesa por no revelar sus fuentes o dar información que el Gobierno califica de confidencial, el Gobierno no hizo nada contra agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que destruyeron 92 vídeos de interrogatorios a prisioneros de Guantánamo.
Es seguro que Obama no está enterado de los detalles, pero es igual de responsable por políticas fallidas, tanto por las veces que se discriminó informativamente a la cadena Fox News, como por los escrutinios impositivos más exigentes que la oficina nacional de recaudación de impuestos (IRS) impuso a organizaciones políticas afines al Tea Party, según denuncias de estos días.
Lo importante, de todos modos, es que el Gobierno deje de confundir a espías con periodistas, como señaló el Washington Post, ya que estos deben divulgar información de interés público, a veces recurriendo a delatores, cuando las fuentes oficiales permanecen herméticas.
Para que las apariencias se concreten en hechos, sería recomendable que en vez de perseguir a periodistas, Obama resguarde la libertad de prensa impulsando a nivel federal la promulgación de la Ley de Libre Flujo de Información, que protege el secreto periodístico sobre las fuentes. Una ley que demoran tanto demócratas como republicanos, pese a que en 2007 obtuvo media sanción del Congreso. El autor es periodista argentino, director de Prensa de la SIP
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