Martha Vásquez
El presidente “no tiene facultades para reformar la legislación penal”, insistió la abogada.
[/doap_box][doap_box title=”” box_color=”#336699″ class=”aside-box”]
- 52 femicidios están registrados en lo que va del año, según monitoreo del movimiento feminista Católicas por el Derecho a Decidir.
[/doap_box]
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, presidente en funciones de dicho poder del Estado, convocó a reunión a todos los magistrados de salas penales del país, a jueces penales de distrito, locales, únicos, de ejecución y especializados en violencia, para abordar “la política de Estado para el fortalecimiento de la familia en la lucha contra la violencia”.
La reunión será el próximo jueves 14 de agosto en el salón de Vistas y Alegatos de la Corte, según la convocatoria realizada por Rubén Montenegro, secretario del poder judicial.
En esta reunión se prevé abordar todo lo relacionado al nuevo reglamento de la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres, creado vía decreto por el presidente inconstitucional de la República, Daniel Ortega, y publicado el 31 de julio pasado.
Este reglamento reduce la aplicación del femicidio al ámbito privado (relaciones de pareja) e introduce una nueva figura (Gabinete de la Familia) en la ruta de la denuncia para “mediar” la violencia en el hogar.
APLICACIÓN ES ILEGAL
Para Azahálea Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres, la aplicación de este reglamento por parte de los jueces y magistrados “es ilegal, porque un reglamento no puede reformar, modificar o contradecir la ley que reglamenta”.
“Además si los magistrados de la CSJ mandan a cumplirlo, están instando a la comisión de un delito a como es el prevaricato, cuando un juez falla contra ley expresa”, explicó Solís.
“La Ley 779 dice que el ámbito de aplicación de esta ley es el público y el privado en su artículo 2 y el artículo 9 define quién comete el delito de femicidio, pero el reglamento contradice la ley, por eso es ilegal. Los jueces deben aplicar la ley”, dijo la abogada.
Solís recalcó que la modificación de la ley vía decreto “es ilegal e inconstitucional”, y afecta a toda la población nicaragüense. “Detrás de esto hay algo más. Esto no es casual”, dijo Solís.
Para esta semana se esperan plantones en diferentes lugares del país en protesta por lo que llaman “aberración jurídica” contra la Ley 779.
Ver en la versión impresa las páginas: 4 A