El Parlamento de Honduras aprobó la cadena perpetua para quienes cometan magnicidio contra los presidentes de los tres poderes del Estado, operadores de justicia y diputados, informó el diputado oficialista Tomás Zambrano.
Los parlamentarios aprobaron una reforma al artículo 322 del código que establece que el delito de magnicidio en contra del presidente de cualquiera de los poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo o Judicial, operadores de justicia y miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad será castigado con penas que van desde los 40 años de cárcel a cadena perpetua, indicó Zambrano.
El diputado Zambrano, del gobernante Partido Nacional, dijo en rueda de prensa que con las reformas aprobadas se “manda un mensaje claro” de que el Congreso Nacional está trabajando en combatir la violencia para “devolverle la paz y la tranquilidad al pueblo hondureño”.
Las reformas al Código Penal fueron aprobadas anoche en una sesión a puerta cerrada y buscan frenar la violencia que afecta a los operadores de justicia y que ha causado la muerte de al menos 83 desde 2010, indicó el Congreso Nacional de Honduras en un comunicado.
Las dos últimas fiscales asesinadas en Honduras son Marlene Banegas y Patricia Eufragio, quienes fueron atacadas a tiros el pasado día 11 en la norteña ciudad de San Pedro Sula por hombres no identificados, caso por el que las autoridades han detenido a cuatro personas.
Zambrano agregó que para los delitos de conspiración y proposición la pena se amplía de 40 años de reclusión a prisión de por vida.
El diputado oficialista señaló además que las reformas amplían la pena para el delito de homicidio simple contra los funcionarios mencionados de 15 a 20 años de cárcel.
El secretario del Congreso Nacional, Mario Pérez, dijo en la misma rueda de prensa que las reformas aprobadas mandan “un mensaje fuerte y contundente de que el Poder Legislativo va a estar unido en los temas de seguridad y en la lucha frontal contra la delincuencia”.
Pérez, correligionario de Zambrano, señaló que la pena por el delito de extorsión, que actualmente es de 15 a 20 años de cárcel, tendrá una ampliación de un tercio de la misma.
Según la Cámara Legislativa, las personas que cometan homicidio en contra de altos funcionarios serán castigadas con penas de 30 años a privación de la libertad de por vida.
Por su parte, el diputado Luis Redondo, del opositor Partido Anticorrupción (PAC), dijo que los hondureños pueden tener “la confianza” de que el poder Legislativo “va a proteger” a los operadores de justicia y a quienes persiguen a los delincuentes.
Honduras vive una violencia criminal que a diario deja un promedio de casi quince muertos, según registros de la Secretaría de Seguridad.
