A pesar de que en los últimos años lo menos que ha habido en Nicaragua son cuentas claras. Como ciudadanos y como personas que pagan el servicio de energía, los nicaragüenses deben exigir transparencia en el tema de la deuda energética.
Hasta el momento no hay un informe de cuánto se prestó a Alba Caruna para evitar que en años de los altos precios del petróleo la tarifa subiera demasiado y golpeara la economía nacional y el bolsillo de los ciudadanos. Aquella política benefició a Nicaragua, pero al no tener información clara, el remedio puede resultar peor que la enfermedad.
Ahora que más del cincuenta por ciento de la energía generada es renovable y que el precio del petróleo ha bajado a niveles que no se veían desde septiembre de 2010, el argumento es que la tarifa de energía que pagan los nicaragüenses no puede bajar por la deuda que se le está pagando a Alba Caruna.
Según los datos oficiales, el préstamo a Alba Caruna asciende a doscientos millones de dólares. Sin embargo, saber eso no es suficiente. Como con cualquier deuda, el deudor necesita un estado de la cuenta. Hasta el momento los nicaragüenses no saben cuánto de esa deuda se ha pagado, cuál es el interés al que se está pagando, ni existe una proyección de cuánto tiempo falta para cancelarla.
La necesidad de transparencia en el tema debe ser de interés nacional, sobre todo desde que la empresa española Unión Fenosa vendió su participación y las empresas distribuidoras de energía pasaron a ser manejadas por TSK-Melfosur, cuyos funcionarios se han caracterizado por mantener un perfil bajísimo, rayando en el secretismo.
Pero la “discreción” de los funcionarios de la empresa no es lo único preocupante, sino que, peor aún, los intereses económicos del presidente inconstitucional Daniel Ortega y su familia están muy relacionados con el tema energético.
El conglomerado Albanisa, manejado por los más cercanos colaboradores de Ortega y que monopoliza la importación de petróleo, tiene dos divisiones generadoras de energía: Alba Generación, cuyos equipos funcionan con búnker y diesel, y Alba Vientos.
Pero además, Francisco López, hombre de confianza de Ortega, presidente de Petronic, vicepresidente de Albanisa y tesorero del partido Frente Sandinista, ocupa un asiento en la junta directiva de las empresas distribuidoras de energía (Disnorte-Dissur, que maneja TSK-Melfosur). Como si esto fuera poco, la empresa que dio el préstamo de doscientos millones de dólares arriba referido es Alba Caruna, también parte del conglomerado Albanisa. Decir más sobre el conflicto de intereses es sobrancero.
Ante la ausencia de una Contraloría General de la República capaz de fiscalizar —como es su deber constitucional— el actuar de los funcionarios gubernamentales y ante una Asamblea Nacional bajo control del orteguismo, lo que impide la importante función de fiscalización que en una democracia republicana tiene el poder legislativo, se hace necesario que sean los ciudadanos los que se organicen y, al menos en este tema, reclamen transparencia.
En Nicaragua es cada vez mayor el temor de los ciudadanos a “meterse en política”, pero es un craso error considerar este tema como parte del juego político.
La falta de información bien podría prestarse para que a los nicaragüenses se les cobre eternamente por una deuda que sabemos cuándo comenzó, pero nadie tiene idea de cuándo va a ser cancelada.
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