El anuncio del cambio de la ruta del Gran Canal efectuado el sábado por el vocero del mismo, Telémaco Talavera, es considerado como la prueba de las improvisaciones efectuadas en ese proyecto. Mientras especialistas en Derechos Humanos opinan que las víctimas de la brutal represión, ordenada por el Gobierno en los sitios de la protesta contra el Canal, deben ser indemnizadas.
Para el general en retiro Hugo Torres, el hecho de que la ruta fuese desviada de su trazo original es “una solemne irresponsabilidad”.
COMO SI FUERA MONOPOLY
“¿Con base en qué consideraciones ambientales, técnicas, ingenieriles cambian la ruta? Como que si fuera estar jugando monopoly (…) que de manera discrecional y voluntariosa uno dice ‘no, no me voy a ir por aquí, me voy a ir por acá’ como que si fuera un Canal hecho con plastilina o con chicle que lo podés mover a tu gusto y antojo a un lado o a otro, en dependencia de cómo soplen los vientos de las protestas”, dijo Torres a LA PRENSA.
Estos humedales a los que Talavera hace referencia son, según el subdirector del Centro Humboldt, Víctor Campos, esenciales desde el punto de vista ecológico y biológico, pues ahí “muchas especies de peces del lago Cocibolca tienen anidamiento” y los humedales “son una barrera natural ante el agua”.
“Debieron haber previsto esto, lo que da idea de la poca seriedad y profundidad con la que analizaron la primera vez la ruta”, aseguró Campos.
A pesar de esto y de que, según él, ya se había advertido el daño que causaría, considera que es acertada la decisión de desviar la ruta de los humedales, “porque es indiscutiblemente menos dañino”, dice. [/doap_box]
Para el subdirector del Centro Humboldt, Víctor Campos, el cambio resta seriedad al proyecto “porque ellos habían argumentado la vez pasada que ya habían hecho los estudios correspondientes con respecto a la localización”. Los cambios en aspectos técnicos son, según él, “fruto no de una reflexión sino de una improvisación y de una prisa que no sabemos qué la motiva”.
Restarle fuerza a las manifestaciones de los campesinos de El Tule puede ser otra de las motivaciones de la modificación a la ruta, asevera Torres, quien cree que el Gobierno no midió la reacción de los pobladores de las zonas que supuestamente serían afectadas por la obra. “Cuando vio que no le resultó la represión entonces aparece con esta medida para tratar de desinflar las protestas, para tratar de ganar tiempo por un lado y de esa manera buscar cómo negociar”, dice.
EJEMPLO DE ABUSO POLICIAL
El caso del productor José María Calderón hasta ahora es el más dramático conocido que dejó como resultado la actuación de la Policía en El Tule, San Miguelito, el pasado 24 de diciembre, pues perdió el ojo izquierdo. Este hecho es considerado por los representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Vilma Núñez y Marcos Carmona, respectivamente, como el ejemplo del uso excesivo de la fuerza y del abuso policial en el desalojo.
LA PRENSA intentó de forma reiterada obtener una versión del vocero de la Policía, comisionado mayor Fernando Borge, pero no respondió a las llamadas telefónicas.
El catedrático y especialista en temas de derechos humanos, Ramón Eugenio Rodríguez, coincide con Núñez y Carmona, en que tanto Calderón como los otros perjudicados por la intervención policial tienen derecho a reparaciones por parte del Gobierno, que puede ser una indemnización monetaria, atención médica especializada y otros.
DEBEN RESPONDER POR DAÑOS Y ENJUICIARLOS
“La jefatura de la Policía Nacional debe a lo inmediato contactar al señor Calderón Cerro y sus familiares, para responder por los daños ocasionados, sin menoscabo de los procesos administrativos y judiciales que deben iniciarse, incluso de oficio, para determinar las responsabilidades administrativas, civiles y penales”, expresó Rodríguez.
La presidenta del Cenidh refirió que el caso de Calderón “es una de las demostraciones más evidentes de la brutalidad policial”. Núñez no cree que a Calderón le hayan sacado el ojo a causa de un impacto de bala de goma, como presume el afectado, y se inclina más porque “esa lesión se la ocasionaron ya capturado”.
“Deben de indemnizar no solo a él, sino a todas las personas que han sido torturadas”, indicó la presidenta del Cenidh, quien señaló que en los desalojos violentos la Policía cometió seis delitos y la tortura fue uno, los que están dispuestos a probar.
Carmona dijo que la Policía no solo debe indemnizar a los afectados, sino que los policías que reprimieron deben ser sancionados y puestos a la orden del juez, porque aquí atentaron contra un derecho fundamental como es la vida.
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