Una vez más el presidente inconstitucional de Nicaragua, Daniel Ortega, demostró que “hace con las leyes lo que le ronca”, dijo el diputado y excanciller de Nicaragua, Eduardo Montealegre Rivas, en referencia al cargo de “canciller en funciones” con el que presentó a su esposa Rosario Murillo en la III Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), los días 28 y 29 de enero.
Esta designación, que oficialmente le corresponde al vicecanciller Valdrack Jaentschke, violenta la Ley de Probidad de los Servidores Públicos (Ley 438), señaló el exdiputado José Pallais Arana.
ORTEGA VIOLA CONSTITUCIÓN
La Ley 438 establece en el inciso “a” del artículo 11 que “son inhábiles para el ejercicio de la función pública: El cónyuge o el acompañante en unión de hecho estable, los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y hasta el segundo de afinidad del servidor público que hace el nombramiento o contratación o de la persona de donde hubiere emanado esta autoridad”.
Esta prohibición también aparece en el párrafo 7 del artículo 130 de la Constitución Política de Nicaragua, en el que se indica que “en todas las funciones del Poder Soberano establecidas en esta Constitución, no se podrán hacer recaer nombramientos en personas que tengan parentesco cercano con la autoridad que hace el nombramiento y, en su caso, con la persona de donde hubiere emanado esta autoridad”.
Además, este artículo explica que “para los nombramientos de los funcionarios principales regirá la prohibición del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La ley regulará esta materia”.
Montealegre considera sumamente cuestionable y violatorio a las leyes del país que Ortega haya presentado a su esposa como canciller en funciones, cuando ese cargo le corresponde a Jaentschke y solo puede ser nombrado a través de la Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del poder ejecutivo (Ley 290).
“No es normal que se nombre a cualquier persona como canciller en funciones (…), pero en este país lamentablemente Ortega hace lo que le ronca del respeto a las leyes”, declaró Montealegre por teléfono.
NEPOTISMO
Ortega también presentó a sus hijos Camila, Luciana y Rafael como asesores de la Presidencia, este último con rango de ministro, lo cual también es violatorio a la Constitución y a la Ley 438.
Azahálea Solís, miembro del Movimiento Unidad por la República, considera que la acreditación de Murillo como “canciller en funciones” y de sus hijos como asesores de la Presidencia “es una extensión de las violaciones de Ortega a la institucionalidad del país”.
“No sabemos en qué momento se les nombró en estos cargos y además este tipo de nombramientos están prohibidos por la Ley”, reclamó Solís, en clara alusión a que el nombramiento de estos cargos se trataría como nepotismo por parte de Ortega.
“Ortega con esto se ha convertido una vez más en un campeón en la violación de derechos y de la institucionalidad de Nicaragua. Lleva a representantes de otros países que presenta como nicaragüenses y que no sabemos cómo obtuvieron ese pasaporte, cómo es que resultaron nicaragüenses y presenta una canciller en funciones que no es canciller (ni funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores) y asesores que no son asesores, es decir, es una sarta de violaciones y una clara usurpación de cargos. Para mí, esto ya roza una acción delictiva”, opinó Solís.
MENTALIDAD DINÁSTICA
El diputado ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), Hugo Torres, expresó que Ortega inventó una nueva figura designando a su esposa como canciller en funciones y el nombramiento de sus hijos considera que no es más que un “entrenamiento en la práctica de la política”, como parte del proceso dinástico de la familia Ortega-Murillo.
“Estamos en presencia de un régimen dictatorial, o sea, poco a poco los van presentando en sociedad a los hijos para que los políticos de América Latina y otras partes del mundo los vayan conociendo; son los sucesores, porque la mentalidad es dinástica”, indicó el diputado Torres.
