Un juez federal en Texas congeló las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama sobre inmigración, y así le otorgó tiempo a una coalición de 26 estados para seguir adelante con una demanda que tiene como objetivo su suspensión definitiva.
La decisión del juez federal de distrito Andrew Hanen interrumpe la implementación de las medidas de Obama, que tienen por fin proteger de la deportación a unos cinco millones de personas que viven sin autorización legal en Estados Unidos.
Hanen escribió un memorando que acompaña su fallo que la demanda debe seguir adelante y que sin una orden preliminar los estados “sufrirían daño irreparable en este caso”.
“Es imposible devolver el genio a la lámpara”, escribió, añadiendo que concuerda con el argumento de los demandantes de que legalizar el estatus de millones de personas es una acción “virtualmente irreversible”.
La Casa Blanca defendió su política en un comunicado diciendo que las órdenes ejecutivas presentadas en noviembre de 2014 estaban dentro de la autoridad legal del presidente y que la Corte Suprema y el Congreso han dicho que los funcionarios federales pueden establecer prioridades para el cumplimiento de leyes migratorias.
“La decisión del tribunal de distrito evita erróneamente que entren en vigor esas políticas legales y de sentido común y el Departamento de Justicia ha indicado que apelará esa decisión”, dijo el comunicado. El recurso será atendido por el Tribunal de Apelaciones del 5to Circuito de Estados Unidos en Nueva Orleans.
La primera de las medidas de Obama —ampliar un programa que protege a jóvenes inmigrantes de la deportación si llegaron al país de forma ilegal cuando eran niños— entrará en vigor el miércoles 18 de febrero. La mayor parte de la orden presidencial, que amplía esa protección a padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que lleven varios años en el país no comenzará a aplicarse sino hasta el 19 de mayo. Joaquín Guerra, director político de Texas Organization Project calificó el fallo de “revés temporal”.
“Seguiremos preparando a los inmigrantes para prepararlos para solicitar la ayuda administrativa”, dijo en un comunicado.La coalición de los estados, liderada por Texas y formada en su mayoría por los estados conservadores del sur y del medio oeste, alega que Obama violó la “Take Care Clause” de la Constitución de Estados Unidos que, sostienen, limita el ámbito de acción de los poderes presidenciales. También dicen que la iniciativa de la Casa Blanca obligará a aumentar la inversión en seguridad, atención sanitaria y educación.
En su petición al juez, la coalición dijo que era necesario paralizar la norma porque sería “difícil o imposible deshacer las ilegalidades del presidente después de que los acusados empiecen a ver aceptadas sus solicitudes de aplazamiento de acciones”.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, calificó la decisión de “victoria para el Estado de Derecho en América” en un comunicado el lunes por la noche. El gobernador de Texas, Greg Abbott, quien como antecesor de Paxton promovió la demanda, dijo que el fallo de Hansen “frena adecuadamente la extralimitación del presidente”.
Hanen, que es juez federal desde 2002 tras la nominación del ex presidente George W. Bush, suele abordar casos de fronteras pero hasta 2013 no se conocía su opinión sobre inmigración. Ese año, en una sentencia sobre un caso no relacionado, sugirió que el Departamento de Seguridad Nacional debería arrestar a los padres que viven en Estados Unidos ilegalmente y que alentaron a sus hijos a cruzar la frontera incumpliendo las normas.
Los republicanos en el Congreso han prometido que bloquearán las acciones de Obama en este campo recortando el gasto del Departamento de Seguridad Nacional para el programa.A principios de este año, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó un presupuesto de 39,700 millones de dólares para financiar el departamento hasta el final del año fiscal, pero incluyó lenguaje para deshacer las acciones ejecutivas de Obama.
El destino de la norma aprobada por la cámara baja no está claro, ya que los republicanos del Senado están a seis votos de tener la mayoría de 60 necesaria para aprobar la mayoría de las normas.Entre los partidarios de la iniciativa de Obama hay un grupo de 12 estados, en su mayoría liberales, que incluye a Washington y California, así como el distrito de Columbia.
Presentaron una moción ante Hanen para apoyar a Obama, argumentando que sus directivas beneficiarán sustancialmente a los estados y al interés público.
Un grupo de policías, incluyendo la asociación que reúne a los responsables de las principales ciudades y más de 20 jefes de policía local y de condado de todo el país, presentaron también un documento de apoyo al presidente, apuntando que la nueva norma mejoraría la seguridad pública al animar la cooperación entre policía e individuos preocupados por su estatus migratorio.