El presidente de la Unión Nacional de Empresas de Seguridad Privada (UNESP), Agustín Pineda Rivera, rechazó la propuesta de coordinar las actividades de los guardas de seguridad (también conocidos como CPF) con el Ejército de Nicaragua, lo cual fue revelado ayer por el diputado del partido oficialista Filiberto Rodríguez.
“Yo creo que quienes hicieron este anteproyecto de ley cometieron algún error, porque están metiendo a una institución (el Ejército) que tiene sus propias formas y métodos de trabajo establecidos por la ley y regulados por la ley”, expresó Pineda.
Pineda se presentó ayer a la Asamblea Nacional junto con otros representantes de pequeñas empresas de seguridad privada para ser consultados sobre el anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, en la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos.
El diputado Rodríguez, quien es el vicepresidente de la Comisión de Gobernación, afirmó que estas empresas deberán establecer una coordinación con el Ejército “cuando sea necesario”.
“La ley debe determinar que debe haber una coordinación con el Ejército, porque son los que garantizan la seguridad de la nación en este país y la soberanía nacional y la seguridad en el campo de acuerdo con la Ley del Ejército y la Ley de Seguridad Nacional”, manifestó el diputado sandinista.
Hasta ahora, la propuesta de Ley establece que los prestadores de servicio de seguridad privada estarán obligados a cooperar con la Policía Nacional en la prevención del delito y el mantenimiento del orden público, pero, según las declaraciones del diputado Rodríguez, también se coordinarán con el Ejército.
QUIEREN CONTROL MASIVO
El diputado opositor Eliseo Núñez Morales opina que quieren convertir a las empresas de seguridad privada en colaboradores del Ejército y la Policía con el fin de “usarlos como un órgano de Inteligencia y control masivo de los ciudadanos”.
Núñez refirió que para eso van a obligar a los guardas de seguridad, a través de la Ley, a brindarles información de su trabajo, lo cual implicaría una “enorme red de persecución política en el país”.
El diputado opositor también valoró que esto puede ser visto como un método de seguridad ciudadana, usando el argumento de que por eso Nicaragua es el país más seguro de la región, pero se preguntó: “¿Cuánta libertad estamos sacrificando a cambio de tener un gobierno seguro?”
INCONFORMES CON REQUISITOS
Los miembros de la UNESP también se mostraron inconformes con algunos artículos de la propuesta de Ley de Seguridad Privada, porque se les solicitará información sobre la conformación de la junta directiva y nombres de los miembros de la sociedad accionaria de la empresa como requisito para obtener la licencia de operación, lo cual les parece incorrecto porque son de naturaleza privada.
“El problema es que el anteproyecto abarca muchas cosas que vienen a rayar desde el punto mercantil, privado, se habla de regular incluso hasta la gerencia, (la propuesta establece) que nosotros tenemos que pedir autorización al ente regulador para que sepan quiénes son nuestros socios, lo cual no es correcto, porque somos empresas privadas”, declaró Pineda.
También opinó que la Ley es más favorable a las empresas grandes y le parece que quieren desaparecer a las empresas pequeñas.
El artículo 6 de la iniciativa ordena la creación de la “autoridad de aplicación”, que será la Policía Nacional a través de la especialidad de Seguridad Pública.
La propuesta de Ley crea el Registro Nacional de Seguridad Privada, en el cual se deben inscribir las personas naturales o jurídicas que presten servicios de seguridad privada. El registro deberá tener información básica sobre las empresas de seguridad, como la información general de sus socios “relacionada con el vínculo con la empresa o empresas a las que pertenezcan”.
Igualmente, requiere la nómina del personal que presta los servicios de seguridad, información técnica de las centrales de alarma, la cantidad y el tipo de medios de comunicación con la información individualizada, entre otros.
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