El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), ante la infructuosa negociación en la Comisión Nacional de Salario Mínimo para alcanzar un acuerdo tripartito y la decisión política del gobierno a través del Ministerio del Trabajo (Mitrab), de aprobar el salario mínimo de manera unilateral que regirá para todos los sectores económicos del país a partir del 1 de marzo del presente año, tiene a bien expresar su posición gremial al respecto.
La fórmula de la inflación más el crecimiento de la economía ha permitido que desde el 2005 los trabajadores con el respaldo de los empresarios hayamos acordado incrementos de salario mínimo promedio por un acumulado del 297 por ciento y se haya mejorado la capacidad adquisitiva de los trabajadores con salario mínimo en 2.3 veces por encima de la canasta básica; lo cual evidencia que la ley y la fórmula tuvieron sentido y eficacia. No obstante, las condiciones económicas a la fecha han variado y por ello hemos dicho que es necesario replantearse los términos de la negociación.
En las dos últimas negociaciones (2014 y 2015) no ha habido acuerdo tripartito, lo cual obedece a la comprensión del sector privado de que la ley y la variable que se ha utilizado ya logró su objetivo, y que frente a las nuevas realidades regionales y mundiales, debe pasarse a otro esquema de negociación que incluya elementos de productividad, mejora de la competitividad y promoción de las inversiones; todo lo cual ha sido ignorado por sindicalistas y autoridades de gobierno.
Las decisiones de gobierno de los últimos años valoramos que han sido estrictamente “políticas” y están pasando por alto análisis y situaciones económicas relevantes que, de no atenderse, pueden entorpecer el esfuerzo que desde el sector privado, en conjunto con el Gobierno, hemos venido realizando a partir del 2009 para garantizar la estabilidad laboral, la sostenibilidad de las empresas y la atracción de las inversiones.
Por lo anterior, es necesario que se tome conciencia que al haberse tomado una decisión política y no una decisión económica al aprobar incrementos de 10.98 por ciento y 11.48 por ciento en los salarios mínimos, estamos:
Poniendo en juego el elemento inflacionario positivo que se está dando este año con la caída del petróleo que podría tener un impacto beneficioso en todos los trabajadores y consumidores del país;
Beneficiando al grupo directo de trabajadores que reciben salario mínimo en el sector formal (solamente 8.25 por ciento del total de ocupados), pero castigando con una mayor inflación a todos los demás trabajadores del país tanto formales como informales que no gozan de salario mínimo;
Provocando que los diferenciales entre el salario mínimo y los crecimientos salariales promedios afecten negativamente la mejora del salario promedio para todos los trabajadores, sino que también en el caso del sector privado esto nos provoca distorsiones de dos tipos. Por un lado, estamos promoviendo la informalidad del país que es uno de los mayores desafíos que tenemos, y por otro, estamos creando una distorsión salarial entre los profesionales y los no profesionales.
Ignorando que el sector privado ya asumió otro punto porcentual en el tema de la reforma del INSS sin que haya costo alguno para los trabajadores. Y que las prestaciones sociales alcanzan 47 por ciento en la formalidad, lo que nos está dejando con poco margen de maniobra para poder competir en los mercados nacionales e internacionales.
Como Cosep valoramos que este es un esquema de negociación ya agotado que no puede seguir siendo apuntalado por una ley que no solo está fuera de contexto sino que es antieconómica, antinegociación y antipaís. Por ello, estaremos valorando con nuestras Cámaras y Asociaciones si tiene sentido seguir sentándonos a futuro bajo este esquema por el cual ya entramos con una “pistola en la cabeza” que impide una real y efectiva negociación; y en donde paradójicamente para las empresas formales que impulsan el crecimiento del país, se les castigará año con año con altos costos laborales para sus empresas.
Esperamos que para el futuro, el Gobierno no siga reaccionando nada más a posiciones políticas y que realmente este sea un tema de orden económico, que permita que los funcionarios del gabinete especializado puedan opinar y realizar un verdadero estudio sobre este tema, y en ese momento podamos, en una verdadera negociación, buscar una salida por la vía de una fórmula que efectivamente privilegie una visión e interés de nación.
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