Ningún pescador acepta en Casares el uso de explosivos para pescar en altamar. Todos señalan a colegas que visitan sus zonas desde otros balnearios.
Pero Celso Guerrero, concejal sandinista en Diriamba y líder de La Boquita, dice que el uso de bombas persiste, que es un problema serio y aunque se han realizado trabajos con la Policía y Fuerza Naval, no se logra controlar.
Según Guerrero, se han reunido con la Policía y otras entidades para plantear estrategias a usar y poder detener ese problema. Se hacen registros en vehículos para ver si llevan bombas, han hecho campañas de concientización entre las familias para indicarles el daño que causan al medio ambiente y a la fauna marina.
Juan Rocha declaró, casi entre dientes, que el uso de bombas para pesca es un problema conocido en la zona de Casares y La Boquita, en el departamento de Carazo, pero que es cosa del pasado.
“Aquí ya casi nadie usa esos métodos, por allá, hay uno que otro bandido que usa esas bombas, pero se puede decir que ya se ha controlado bastante”, asegura Rocha, mientras extiende la red sobre el suelo para ordenarla.
En Casares, se estima que unos mil cabezas de familia se dedican a la pesca como único medio de subsistencia. Milciades Mendieta, líder de esa zona y secretario político del FSLN, explicó que la pesca en el sector es excelente, lo que ha hecho que se multiplique la cantidad de pescadores.
“La empresa nuestra es el mar, las paneras, acopiadores y los pescadores vivimos de este oficio”, dice el líder.
Mendieta admite que el uso de bombas fue en un tiempo un dolor de cabeza para las autoridades, pero asegura que de un tiempo a esta parte se ha ido controlando. “Son pocos los que pescan de esa forma, pero no son personas de esta zona, son de Masachapa o de otros lados”, dijo el señor.
“Se ha puesto multa a muchas personas que han agarrado con bombas, la Ley está dura y después son los llantos”, dijo.
Explicó que se trabaja en equipo con Marena, Policía y sobre todo con la Fuerza Naval que tiene una base en Casares y está monitoreando ese tipo de delitos.
Comentó que la policía hace registros a las personas que llevan mariscos en bus o en vehículo particular para verificar el tipo de producto que llevan y si es muy grande lo decomisan. Asegura que este registro también es para detectar explosivos, ya que por lo general es traído de León. “Es un tipo de bombas que no se hacen de forma manual se debe usar máquinas porque es muy expansivo y hace mucho daño a la fauna marina”, sostuvo.
PROHIBIDO POR LEY
Para el director ejecutivo de la Cámara de la Pesca de Nicaragua (Capenic), Armando Segura, es lamentable que a pesar de que “el uso de explosivos en la pesca está prohibido por la ley, porque su uso pone en peligro los peces y otros recursos y los propios ecosistemas, las autoridades no impiden su utilización”.
Los explosivos no se utilizan en las granjas acuícolas, sino en el mar, los esteros y otras zonas de pesca; entonces se afecta la zona donde estos explotan y todo el perímetro abarcado por la onda expansiva.
“Además de la muerte de los peces y otras especies, esto también provoca la migración de las larvas hacia mar abierto. Además quedan sustancias tóxicas en el medio marino”, apunta.
Cairo Laguna, presidente de la Federación Nicaragüense de Pescadores Artesanales (Fenicpesca) reconoce el daño que esta práctica ocasiona al recurso hidrobiológico. “El uso de bombas traerá como consecuencia que la pesca sea cada día más difícil y menos rentable”.
Además, aclara que de unos 18 mil pescadores artesanales que laboran en el país, casi 5 mil están afiliados a Fenicpesca a través de sus cooperativas o asociaciones. De los restantes 13 mil, unos 5 mil que faenan de forma individual son los que utilizan explosivos.
Fenicpesca culpa a los acopiadores de promover el uso de los explosivos, “garantizan las bombas de la misma manera que garantizan el combustible y el hielo. Incluso ellos son los que tienen el contacto con los que fabrican las bombas”, asegura Laguna.
“Eso es un delito en todo el mundo y aquí también. Lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley. Las autoridades policiales, de Inpesca (Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura), las alcaldías y la fuerza naval deben esforzarse para que esa ley se cumpla”, demanda el director de Capenic.
Laguna en tanto, estima que la incapacidad institucional de Inpesca radica en la poca asignación presupuestaria y estima que mientras la institución no cuente con recursos adicionales, será imposible garantizar su cumplimiento.
LA PROHIBICIÓN
E l artículo 35 de la Ley 489, Ley de Pesca y Acuicultura, prohíbe el uso de “explosivos, venenos u otra forma de pesca destructiva, así como el uso de redes de enmalle y bolsas en bocanas, esteros, canales de tránsito y arrecifes naturales”.
Dicha prohibición se aplica incluso en la pesca de subsistencia. El artículo 94 de dicha ley mandata que “es obligación de los que ejerzan la pesca de subsistencia y la acuicultura respetar las vedas que se establezcan” y “excluye y prohíbe terminantemente toda forma de pesca mediante el uso de explosivos, venenos y contaminantes”.
Además, el inciso 20 del artículo 123 de la misma ley impone una multa en córdobas equivalente a 5,000 dólares a quienes pesquen con “elementos explosivos, venenos u otra forma de pesca destructiva, así como el uso de trasmallos en bocanas y arrecifes naturales”.
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