Una vez más el Departamento de Estado de Estados Unidos destaca en su informe anual sobre derechos humanos, en el capítulo referido a Nicaragua, la corrupción generalizada en instituciones del Estado incluidas la Policía, el Consejo Supremo Electoral (CSE), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otros órganos de gobierno. A su vez destaca la violencia social, en particular contra las mujeres y las personas de la diversidad sexual.
En una traducción no oficial del informe publicado en inglés ayer en Washington, Estados Unidos, igualmente destaca las políticas sesgadas para promover la dominación de un solo partido en el país. Refiere que las autoridades mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad.
Y menciona que entre los abusos de derechos humanos adicionales significativos incluyen el abuso policial de sospechosos durante la detención y duras condiciones penitenciarias y potencialmente mortales; la prisión preventiva arbitraria y prolongada; la erosión de la libertad de expresión y de prensa, incluyendo la intimidación del gobierno y el acoso a los periodistas y medios de comunicación independientes; así como el aumento de la restricción del acceso a la información pública, incluidas las estadísticas nacionales de las oficinas públicas.
También destaca entre otras violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses el hostigamiento gubernamental y la intimidación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones de la sociedad civil; la discriminación contra las minorías étnicas y las personas y las comunidades indígenas; contra las personas con discapacidad; contra las personas con VIH / SIDA; y violaciónes de los derechos sindicales.
Señala el informe que el Gobierno rara vez adoptó medidas para enjuiciar a los funcionarios que cometieron abusos, ya sea en los servicios de seguridad o en otras instancias del gobierno. Al tiempo que apunta que la impunidad sigue siendo un problema generalizado.
El informe explica que Nicaragua es una República constitucional multipartidista, pero en los últimos años el poder político se ha concentrado en un solo partido, con un poder ejecutivo cada vez más autoritario que ejerce un control significativo sobre las áreas legislativas, judiciales y electorales. Y refiere que en 2011, el Consejo Supremo Electoral (CSE) anunció la reelección del presidente (inconstitucional) Daniel Ortega Saavedra, por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) pero en las elecciones los observadores internacionales y nacionales Caracterizado como graves deficiencias.
Las organizaciones internacionales y nacionales expresaron su preocupación con respecto a la legitimidad constitucional de la reelección de Ortega. Las elecciones de 2011 también permitieron al partido en el poder una mayoría en la Asamblea Nacional, teniendo en cuenta los cambios en la Constitución, incluyendo la ampliación del alcance del Poder Ejecutivo y la eliminación de las restricciones a la reelección. Los observadores también señalaron fallas graves durante las elecciones municipales de 2012 y las elecciones regionales de marzo.
