Los acontecimientos en los que se han visto involucrados miembros de la Policía Nacional han despertado indignación por la brutal violación a los Derechos Humanos y, al mismo tiempo, legítima preocupación por el visible deterioro institucional que tales hechos manifiestan.
El país se ha conmocionado por lo ocurrido en Las Jagüitas, en donde dos niños de 11 y 12 años y una joven de 22, murieron como consecuencia de la agresión policial, y dos niños más fueron heridos severamente por lo que requirieron atención hospitalaria de emergencia para salvarles la vida. Además, la madre denunció públicamente que fue golpeada por los policías, mostrando los golpes ante los medios de comunicación.
Estos hechos, han conmovido y llenado de indignación al pueblo nicaragüense y despertado un sentimiento pleno de solidaridad y de respaldo moral a la familia, destrozada por esta agresión.
Después de este hecho que ha impactado al país se han sucedido actuaciones que violentan la legalidad constitucional, como es el caso de la detención de los responsables por varios días, sin ponerlos a la orden de la autoridad competente dentro de las 48 horas establecidas por el Arto. 33 de la Constitución Política de Nicaragua.
Produjo también desconcierto y rechazo la calificación del delito, por parte de la fiscalía, como homicidio y lesiones imprudentes, para un grupo de los indiciados; exposición de personas al peligro para otro de los señalados; y de daños, para el resto de las personas incluidas en la acusación de la Fiscalía en la audiencia preliminar. Igualmente, dejó una serie de dudas e interrogantes, el hecho de haberse presentado acusación contra nueve de los implicados, después de que, en declaraciones anteriores de la Policía y la Fiscalía, respectivamente, se habló de veinte y luego de catorce personas comprometidas con lo acontecido.
La calificación de los delitos ocasionó que el juicio fuera situado ante un juzgado local y no ante un juzgado de distrito, como correspondía, y que, además, por esa misma calificación, la sentencia que se dictara, conllevaría una sanción significativamente menor a la magnitud de los acontecimientos.
Además de este hecho ocurrido el 11 de julio, se han producido otras situaciones en las que el actuar policial se ha alejado del marco jurídico institucional correspondiente, acercando su comportamiento a posiciones partidarias ligadas al poder político, violentando disposiciones constitucionales que prohíben expresamente este tipo de conducta del órgano policial.
En lo que concierne a la exigencia legal y ética de observar una actitud no partidaria y alejada de lineamientos políticos, la Policía debe evitar a toda costa que su labor se identifique con los intereses del poder, como ocurrió con la represión a la protesta frente al Consejo Supremo Electoral el 8 de julio pasado, y como ha ocurrido en otras ocasiones. Para cualquier país, y particularmente para Nicaragua, la institucionalidad es un elemento indispensable para su estructuración social, política y jurídica. Desafortunadamente, en el caso nicaragüense, este ha sido uno de sus vacíos más significativos.
Tras de estas actuaciones se perfila un debilitamiento institucional que empaña la labor que ha venido desarrollando la Policía, la que le había conferido el reconocimiento y respeto de parte de la ciudadanía a su profesionalismo y eficiencia, particularmente en lo que concierne a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y, en general, a su labor contra la delincuencia. Todo ello había formado una opinión acerca de su contribución a la creación de un clima de seguridad ciudadana en el país, severamente deteriorado en este momento. Por tanto, la continuación de ese comportamiento que se aleja de una conducta profesional y apolítica es sumamente grave, pues significaría la destrucción de la Policía como garante de la seguridad ciudadana y significaría, sobre todo, la acentuación del deterioro institucional en nuestro país.
La teoría y la práctica política a través de nuestra historia, indican que ha existido casi siempre una concentración de poder que, en no pocos casos, va más allá de los alcances que le confiere la Constitución y el sistema jurídico.
La historia constitucional y del Estado en Nicaragua ha sido, más que nada, la historia del poder. Las relaciones entre el poder y las instituciones han estado determinadas por la idea y práctica de que las instituciones y las leyes son instrumentos al servicio de quien gobierna, proyecciones del poder personal cuya función esencial consiste en legitimar y dar visos de legalidad a la voluntad del gobernante.
Conviene recordar que las instituciones son creaciones de la voluntad general. Expresión de la sociedad reflejada en ellas para organizar la vida colectiva y dar solución a los problemas que les corresponden. El orden social debe garantizarse mediante la adecuada estructura jurídica, a través de la organización política e institucional. La libertad misma, en sentido político, jurídico y social, es la armonía entre la voluntad individual y la voluntad colectiva. Ese es el sentido de la transformación de la libertad natural en libertad civil a la que se refiere Rousseau en el Contrato Social.
La conciencia colectiva sobre la naturaleza y utilidad de las instituciones es lo que las hace eficaces, lo que permite que realmente sean articulaciones del cuerpo político, forma de las formas sociales, tal como Luis Recasens Siches define al derecho.
Un concepto como el anterior tiene por objeto despersonalizar el ejercicio del poder en el mecanismo institucional. Entre gobernantes y gobernados debe situarse el sistema que enlaza, prescribe, sanciona y comunica a través de esa específica capilaridad, en virtud de la cual se relacionan las personas, la colectividad y las instituciones.
En forma significativa, la estabilidad de la sociedad y la seguridad ciudadana, dependen del respeto a la institucionalidad, de la eficacia del sistema jurídico y, fundamentalmente, de la subordinación del poder a la ley. Cuando esto no ocurre, la incertidumbre y la inseguridad se instalan en la sociedad, a la vez que la arbitrariedad y el abuso del poder, cierran las puertas a la convivencia pacífica y abren el camino a la confrontación y la violencia.
En esa situación el poder se personaliza y se ejerce en forma directa sin la regulación institucional, la que deviene instrumento y pretexto para su ejercicio.
En Nicaragua, históricamente, la institución no ha funcionado adecuadamente pues, en buena medida, ha permanecido desintegrada, exterior, y por lo mismo, como una función instrumental. El rostro del poder deviene así el rostro de quien lo ejerce.
Por todo ello es imprescindible un esfuerzo nacional, que conlleve el compromiso moral de la ciudadanía, para recuperar la vigencia plena de los Derechos Humanos, la institucionalidad y profesionalismo de nuestras instituciones, en este caso de la Policía Nacional, para impedir que se produzcan situaciones tan dramáticas y dolorosas como las que se sufren actualmente, en el caso de Las Jagüitas y para evitar un proceso de desintegración institucional, que sería nefasto para el presente y futuro de Nicaragua.
El autor es jurista y filósofo nicaragüense.
