El fiscal José Antonio Morales acusó a Otto Pérez Molina de tener pleno conocimiento de la existencia de una presunta organización criminal integrada por funcionarios públicos y empresarios, que recibían sobornos ofrecidos por importadores a cambio de eximir de trabas y reducir el monto de los impuestos.
La audiencia inició con la lectura y explicación de las acusaciones de corrupción que provocaron la renuncia de Pérez Molina como mandatario de la nación centroamericana.
Morales hizo que se escucharan algunas de las escuchas legales en las que se basa la investigación adelantada por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, organismo adscrito a la ONU. En las grabaciones se escucha a dos supuestos funcionarios que supuestamente explicaban cómo funcionaba dicha organización criminal.
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Pérez Molina, de 64 años, renunció y decidió presentarse ante el Tribunal luego de que el juez girara una orden de aprehensión para hacer frente a acusaciones de cohecho y fraude fiscal.
Pérez Molina viste un traje azul, camisa a rayas y corbata roja. A su arribo al Tribunal, no quiso dar declaraciones a la prensa. Poco antes, en una entrevista con una radio local, Pérez Molina arremetió en contra de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, organismos que han adelantado la investigación que provocó la renuncia de Pérez Molina a su cargo, diciendo que sus miembros “buscan protagonismo” y “llenar sus egos”. También dijo que “no confía en la justicia de Guatemala”, que “está llegando con desventaja a los tribunales”.
A las afueras del edificio del tribunal de justicia la gente se empezaba a congregar con tambores y con pitos a la espera del mandatario.
La fiscal Thelma Aldana dijo el miércoles 2 de septiembre por la noche que lo que procede ahora es pedir la prisión preventiva del mandatario.
Pérez Molina presentó su renuncia a la presidencia de Guatemala a última hora el miércoles luego de que un juez emitiera una orden de aprehensión para que declare sobre el escándalo de corrupción que suscitó una crisis política e institucional que llevó a prisión a la ex vicepresidenta y a otros altos funcionarios del gobierno.
El portavoz presidencial Jorge Ortega dijo que el mandatario presentó su renuncia poco antes de la medianoche del miércoles, tras la emisión de la orden de aprehensión.
La investigación del fraude aduanero también provocó la dimisión de varios ministros del gabinete que le retiraron su apoyo al presidente.
“En la situación actual y teniendo en cuenta por sobre todo el interés del Estado, me corresponde continuar con el debido proceso y, por lo tanto, presentarme ante la justicia y dirimir mi situación personal, con la convicción de hacer lo correcto, me dirijo a usted y al honorable Congreso de la República para presentar mi renuncia al cargo de Presidente de la República de Guatemala”, dice la carta de renuncia de Pérez Molina.
Según la Constitución, el presidente debe ser sustituido por el recientemente nombrado Vicepresidente Alejandro Maldonado, luego que el Congreso resuelva aceptar la renuncia presentada por el primer mandatario.
Lo más probable es que Maldonado permanezca en el cargo hasta que haya un ganador en las próximas elecciones del domingo. La toma de juramento del cargo se haría el 14 de enero de 2016.
Las elecciones del domingo 6 de septiembre enfrentan a un acaudalado empresario y político, Manuel Baldizón, frente a otros 13 candidatos, entre ellos un comediante sin experiencia política, una ex primera dama y la hija del dictador Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio. Si ninguno de los candidatos alcanza el 50% de los votos el domingo, una segunda vuelta electoral se llevará a cabo el 25 de octubre.
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La Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, organismo adscrito a la ONU, anunciaron en abril la desarticulación de una presunta organización criminal integrada por funcionarios públicos aduaneros y particulares, que presuntamente recibieron sobornos de empresarios para que les ayudaran a evadir impuestos.
La estructura, denominada “La Línea” por ser una especie de “alternativa” para resolver trabas en importaciones y reducir el pago de impuestos, estaba supuestamente dirigida por Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti.
Al menos cien personas están siendo investigadas por el caso de “La Línea”. Entre ellas está Baldetti, quien tuvo que renunciar a su cargo en mayo y se encuentra detenida preventivamente, acusada de haber recibido al menos 3.7 millones de dólares en sobornos, según la Comisión.
