Mañana se cumplirá el primer año de que nueve personas murieron aplastadas por un muro en el barrio 18 de Mayo y aún no se conoce un documento oficial que explique técnicamente cuáles fueron las causas que provocó la caída del paredón, pese a que la Alcaldía de Managua se comprometió a investigar y posteriormente lo hizo Viviendas Exclusivas Sociedad Anónima (Vivexsa), empresa que desarrolla el residencial Lomas del Valle, adonde pertenecía la construcción desplomada.
Si en verdad se quería conocer qué y por qué falló, no se tenía que borrar la escena, señala el excontralor y exdiputado Agustín Jarquín Anaya; pero más bien los funcionarios de la comuna decidieron enviar al día siguiente equipos pesados al sitio donde ocurrió el desastre para realizar movimientos de tierra.
“Para poder hacer la investigación era necesario, después de la emergencia, de rescatar a las personas, los cuerpos, hacer análisis del tipo de estructura y el tipo de concreto, analizar el hierro que se usó, ver cómo se aprobó, con la memoria de cálculo, ver si se hizo como lo aprobó la Alcaldía. Como cuando ocurre un hecho criminal la Policía lo que hace es resguardar la escena para que se pueda investigar qué es lo que pasó. En este caso debió haberse resguardado por lo mínimo el lugar”, manifiesta Jarquín Anaya.
LA PRENSA solicitó a través de la dirección de Relaciones Públicas de la Alcaldía de Managua información sobre la investigación que se prometió, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.
Además, el exdiputado critica que haya sido la municipalidad quien realizara los movimientos de tierra y mejoramiento de talud, y no la urbanizadora “quien realmente tenía la obligación de hacerlo”.
09 personas murieron por la caída de un muro que divide el residencial Lomas del Valle del barrio 18 de Mayo, en el Distrito Cinco de la capital. También resultaron lesionadas de gravedad dos personas.
Pero no solo la Alcaldía incumplió la promesa de investigar y presentar un informe. También incurrió Vivexsa. Habían transcurrido casi dos semanas de la caída del muro cuando Carlos Espinoza, gerente general de Vivexsa, en ese entonces, dijo que dos equipos de ingenieros estructurales estaban a cargo del estudio. Incluso añadió que las conclusiones no estaban listas cuando los medios de comunicación le preguntaron por qué “hay un sinnúmero de factores que hay que tomar en cuenta, no es solamente una cosa del muro”.
Ante el silencio de la desarrolladora en todo este tiempo, LA PRENSA visitó el residencial en busca de algún representante de Vivexsa y se encontró con Lacañiña Martínez, administradora de Lomas del Valle, quien reconoce que la investigación no finalizó y además dice que en reiteradas ocasiones se reunieron con los pobladores del 18 de Mayo intentando persuadirlos para que se alejaran del muro, pero que no hicieron caso.
A diferencia de la investigación, Vivexsa se apuró a levantar la pared de piedra cantera en la parte baja y losetas en la zona alta. Martínez revela que esta vez sí hubo supervisión de la institución porque anteriormente solo lo hizo un ingeniero de la empresa. Hasta que se cayó el muro “hubo supervisión de la Alcaldía y hubo un ingeniero estructural independiente también supervisando. Hubo bastante supervisión. Ahora fue diferente”.
“Estuve pendiente con eso porque venían a la oficina (funcionarios de la municipalidad). Estuve viendo lo que ellos planteaban y los puntos de vista que dieron. Una vez que se finalizó quedaron satisfechos que quedó bien el muro, ellos dieron el visto bueno”, expone Martínez.
03 meses aproximadamente estuvieron albergadas las familias que perdieron a sus familiares en el barrio 18 de Mayo. A finales de enero de este año recibieron una vivienda en Ciudad Belén.
SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN NO PROSPERÓ EN LA ASAMBLEA
Aparte del incumplimiento de la comuna y Vivexsa respecto a la investigación, la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional no mostró interés de averiguar a través de una Comisión Técnica Independiente ¿qué falló y provocó la tragedia?
El exdiputado Agustín Jarquín Anaya envió una carta que fue recibida por la presidenta de esa comisión, Jenny Martínez, en la que señalaba que una vez obtenidos los resultados se debía dar seguimiento para que se indemnizara a los familiares de las víctimas, se actualizaran los procedimientos de aprobación y supervisión de infraestructura urbanísticas para evitar resultados de ese tipo, agilizar la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial y la Ley de Urbanismo, entre otros aspectos.
LA PRENSA buscó a la presidenta de la comisión en la Asamblea Nacional y habló con ella de forma rápida. Martínez reconoce que se recibió la carta pero que los parlamentarios no hicieron nada.
“Nosotros no nos hemos manifestado al respecto del todo, no ha sido un tema que nosotros, ni como diputados, ni como comisión lo hayamos tocado en algún momento”, admite la diputada.
Al señalarle que es un tema que conmocionó al país entero y que merecía revisar qué causó el desastre por parte de su comisión, se excusa diciendo que “lo que pasa es que en ese momento era una competencia de la municipalidad, incluso no teníamos información al respecto”.
A un día para cumplirse un año del suceso, los sobrevivientes siguen preguntándose qué fue lo que pasó y nadie les contesta. Además de perder a sus familiares parece que ni siquiera tendrán derecho a conocer las causas de sus muertes. Con esa interrogante y con el sufrimiento de no volverlos a ver con vida intentarán seguir adelante. Tal vez algún día superen el episodio, por ahora no lo logran porque sus heridas siguen frescas como el día que les dieron santa sepultura.
FAMILIAS ESPERAN DECISIÓN FINAL
La Alcaldía de Managua y la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua evacuaron aproximadamente 500 familias en el barrio 18 de Mayo. Luego que finalizó el traslado masivo, Fidel Moreno, secretario general de la municipalidad, informó que quedaban 25 familias con riesgo real de derrumbe y 37 más con eventuales inundaciones. Dijo que analizaban la situación para ver qué proyectos se podían desarrollar para disminuir el peligro o si era inevitable el traslado.
Ante la posibilidad del traslado, las familias pasaron Navidad y Año Nuevo en zozobra. Es la fecha y aún no reciben una notificación de si serán llevadas a otro lugar o si continuarán habitando allí.