Los defensores de los derechos humanos y representantes de organismos de la sociedad civil que trabajan en la promoción de la democracia, así como juristas independientes y diputados de la oposición democrática, han rechazado categóricamente el proyecto de Ley de Seguridad Soberana que el régimen orteguista introdujo en la Asamblea Nacional para su pronta aprobación.
Ellos coinciden en que, con esa ley, Daniel Ortega “busca el retorno a la década de los ochenta, callar a los movimientos sociales y la criminalización de la protesta”.
El diputado de la oposición, Luis Callejas, presidente de la Comisión de Gobernación que formalmente dictaminará la iniciativa orteguista, declaró a LA PRENSA que la Bancada del PLI votará contra esa ley que persigue “resucitar la seguridad del Estado para que proteja los intereses económicos y políticos de la clase gobernante”. Y dijo que específicamente se usará para reprimir las acciones de protesta de la población.
Por su parte el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, expresó que la Ley de Seguridad Soberana es “una estocada al Estado de Derecho”. Y reiteró que en el país “hay un retroceso significativo en materia de derechos humanos, el Gobierno desea volver a tiempos de los años ochenta, cuando todos los ciudadanos perdíamos los derechos constitucionales”.
Y la excomandante guerrillera sandinista Mónica Baltodano, crítica del orteguismo, advirtió que ya el Código Penal castiga duramente la protesta, la rebelión y las movilizaciones ciudadanas, pero la nueva ley “vendría a volver prácticamente criminales a cualquiera que levante su voz para defender un derecho humano”.
En adición a lo dicho por Baltodano, cabe recordar que en diciembre de 2010 Daniel Ortega hizo aprobar la Ley 750, titulada Ley de Seguridad Democrática, que define los distintos conceptos de seguridad que supuestamente debe proteger el Estado y designa a la Dirección de Información para la Defensa, del Ejército de Nicaragua, como la secretaría ejecutiva del sistema estatal de información, espionaje y represión estatal. Pero al parecer Ortega tiene una compulsión represiva que lo induce a aprobar más leyes de seguridad nacional y del Estado, aunque sean repetitivas e innecesarias.
Después de las crudas experiencias represivas de la dictadura somocista y la dictadura sandinista de los años ochenta, la Constitución fue reformada para, entre otras cosas, prohibir que se volvieran a dictar leyes represivas y a crear órganos de espionaje, incluso se abolió el concepto de seguridad del Estado. Pero Ortega ha convertido la Constitución en letra muerta y por medio de leyes secundarias, disposiciones administrativas y acciones arbitrarias de hecho, ha anulado las garantías individuales y restablecido el espionaje político, la actividad de seguridad del Estado e inclusive la tortura como método de investigación policial.
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