Roberto Orozco, ahora consultor independiente en temas de Seguridad, fue periodista durante 17 años en LA PRENSA y nunca imaginó que un día cambiaría su asiento de entrevistador por el de entrevistado. Se especializó en la cobertura y análisis de temas policiales, por eso, hoy es un referente periodístico para hablar de estos temas.
Está muy familiarizado con lo que actualmente ocurre con la Policía. “Está en un proceso de desnaturalización”, señala, cuando se le consulta por los últimos acontecimientos en los que los cuestionamientos al actuar policial van incrementando, principalmente por temas como la represión en Mina El Limón y la Ley de Seguridad Soberana que podría permitir que el Ejército sea el encargado de reprimir las marchas contra el Gobierno.
Hablemos de Mina El Limón, un pueblo entero sitiado por la Policía. ¿Realmente fue necesario tal uso de la fuerza represiva?
Eso no es un hecho aislado. Lo que ha venido ocurriendo desde hace cuatro o cinco años atrás es un cambio sustantivo en los intereses institucionales. Te hablo en el ámbito de la seguridad. El cambio ha sido sutil y ha venido dándose en la institucionalidad de la Policía Nacional y culmina con la reforma a la Ley 228. Es un cambio que termina por alinearse con los intereses económicos. Entonces, la Policía al igual que más recientemente el Ejército, van a ser usados para proteger los grandes intereses y los grandes capitales. Estamos ante una desnaturalización del accionar de la institucionalidad interna, porque la Policía es un cuerpo de seguridad pública.
Ellos dicen que están protegiendo a los trabajadores que quieren ingresar a su empresa.
Esa es otra cosa. En este conflicto hay excusas de excusas. Esencialmente lo que a simple vista está es el uso de la fuerza en contra de unos trabajadores que están protestando en un derecho legítimo. Y como estaban protestando por un derecho legítimo que está en contra de los intereses corporativos de una empresa minera se dispone de la fuerza pública para disolver la protesta. Lo único que está claro en Mina El Limón es un proceso que viene de abril de este año: se recurre a la fuerza pública cuando la empresa ya no tiene la capacidad de negociación y cuando se desborda la protesta.
Y ese es otro punto, la gente está atacando a la Policía ¿se está perdiendo el respeto por la autoridad?
Ya se perdió desde hace mucho. Es decir, la Policía ha venido en un proceso de desgaste, en un proceso de deslegitimación social. Que la gente apedree a la Policía y que las mujeres agredan a la Policía es el indicador más claro de que la Policía ha perdido su legitimidad social. ¿Y por qué? Porque se desnaturalizó.
¿Pero eso es culpa de quién? Porque el Gobierno dice que es una campaña mediática.
No, no, no. Es culpa del ejecutivo, porque desde el ejecutivo se ha sesgado el actuar policial. Cuando vos tenés una marcha a la que llegan fuerzas de choque paramilitares a agredir físicamente a la población a vista y paciencia de la Policía, eso es recogido por los medios y es consumido por la opinión pública. ¿Y cuál es el mensaje que desde el ejecutivo se le manda a la población? Que la Policía ya no es nacional. La Policía ya no es imparcial. Ahora vuelve a ser una Policía sandinista, partidaria. Y ese mensaje no nace del pueblo ni de los medios, eso es algo que ha sido evidente y ha sido una constante en el actuar de la Policía Nacional. En primer lugar el ejecutivo es el culpable por ser el administrador de la Policía y la Policía por no obedecer las leyes.
¿Qué consecuencias hay cuando un pueblo no respeta a la Policía?
Que haya policías muertos.
¿Eso explicaría la cantidad de policías muertos este año?
No necesariamente, porque hay varios policías muertos por distintos motivos. Pero en el caso de Mina El Limón, el muerto que hubo, fue precisamente por eso, es decir, la consecuencia inmediata es el irrespeto por la autoridad que ha actuado de manera sesgada. Eso implica que la Policía ya no es nacional y que no vela por la seguridad de todos los nicaragüenses.
Desde el Gobierno se dice que son grupos minoritarios que no respetan a la autoridad. ¿Es así?
Es la mayoría de la población. Es decir, te voy a poner un caso típico: está la protesta en Mina El Limón, capturan a los primeros antimotines que atacan en la protesta y la población los retiene y a los heridos la misma población los lleva a los centros asistenciales. ¿Qué pasa después? Que la primera comisionada Aminta Granera empieza a decir que son grupos delincuenciales. Lo resiente la población, cuando la población sabe y está respaldando a un grupo de trabajadores que está en una protesta legítima y en tercer lugar desacredita todo el trabajo policial y la consideración a la Policía. Los resultados los vemos después. Este es el sentir de toda la población en Mina El Limón, este es el sentir de toda la población en Santo Domingo, Chontales. En el 2012 la B2Gold tuvo el mismo problema que tuvo Mina El Limón. Y fue la misma actuación policial, incluso el comisionado mayor, jefe de Chontales, en esa ocasión sirvió como parte de la comitiva empresarial, de acuerdo con un informe que se publicó.
¿Es justo comparar a esta Policía con la Guardia Nacional? ¿Va sobre ese rumbo?
Yo creo que estamos largo de que se cumplan esas condiciones. Independiente que la Policía tenga sus leyes y códigos de actuación, cuando se inclina a actuar por motivos políticos, cuando se vuelve una Policía cuyos miembros son partidarios, cuando violan su propia Ley, están dando los primeros pasos para convertirse en lo que fue la Guardia Nacional. Te lo voy a plantear de esta manera: una de las causas de violencia política histórica en este país ha sido la falta de actuación profesional de los órganos de seguridad. Cuando los órganos de seguridad se apegan a los intereses de una pareja presidencial, cuando los órganos de seguridad cumplen los intereses de un dictador, cuando cumplen los intereses de un poder económico, dejan de actuar profesionalmente y se convierten en un aparato represor con intereses definidos y eso excluye. Esta es una seguridad excluyente. La seguridad ciudadana es excluyente por la función que ejerce la Policía.
¿Excluyente para los que no están con el partido de Gobierno?
Excluyente para los que no estén con los intereses que protegen. Es decir, los intereses que ahora están protegiendo, son los intereses políticos del Frente Sandinista de Ortega, las megainversiones y los proyectos internacionales, en los cuales, muy probablemente, no lo estoy asegurando, muchos funcionarios de Gobierno tienen participación accionaria. La alianza y los intereses de la alianza política y económica que tiene el partido en el Gobierno con los empresarios nicaragüenses. Por estas tres cosas que te estoy diciendo, ver al presidente del Cosep diciendo que lo que pasó en Mina El Limón fueron actos vandálicos no es para sorprenderse.
¿Con todo este contexto, qué va a pasar con los opositores del Gobierno si se aprueba la Ley de Seguridad Soberana?
Primero, ¿qué va a pasar con la Policía? Se va a subordinar al Ejército. ¿Qué va a pasar con la seguridad? Se va a militarizar. Porque de acuerdo con lo que está definido en la Ley de Seguridad Soberana, la seguridad interna del país pasa a manos del Ejército. El sistema, como está definido en la Ley, dice: que lo preside el presidente de la República, a través del Ejército de Nicaragua con la Dirección de Información para la Defensa. Y después, la Policía y después la Fiscalía, es decir, todos los órganos represores del Estado. Pero, ¿quién tiene la secretaría y va a coordinar todo eso? La Dirección de Información para Defensa. Y a partir de ese momento, como la Ley es bien abierta en cuanto a las amenazas, te dice: las amenazas son asimétricas, son el narcotráfico, los desastres naturales, las inundaciones y cualquier otra cosa que afecte la estabilidad del Estado. ¿Quién va a definir qué es una amenaza? La DID.
¿Peligran las marchas?
Si hay una marcha como la del 27 de octubre contra el Canal o la de Rancho Grande pueden considerarla una amenaza contra la estabilidad del Estado, porque la Ley dice que las amenazas son reales, pero los riesgos son hipotéticos. Entonces estamos ante un escenario real que debe ser atendido y lo vamos a atender con manu militari.
Pero entonces podría peligrar hasta la protesta más pequeña, vámonos aquí nomás, los “miércoles de protesta”.
Aquí se está criminalizando la protesta pública. Desde luego, en todas las protestas, los de Chichigalpa, que destruyeron la Alcaldía, se les está acusando por eso y crimen organizado. Ahorita, en el proceso en contra de los trabajadores de Mina El limón se les está procesando por todo lo demás y crimen organizado. Sí, se está criminalizando la protesta aun antes de que salga la Ley de Seguridad Soberana. Se les acusa a los líderes de la protesta por crimen organizado, que es un delito mayor. La Ley va a facultar jurídicamente algo que ya se está haciendo, de hecho.
¿Hay razones para que la gente sienta que la están vigilando en este momento?
¡Por supuesto! Porque en la Ley de Seguridad Soberana lo que manda es a recopilar toda información de Inteligencia. Ahora, ¿qué puede ser considerado un riesgo o una amenaza? Si viene un organismo no gubernamental que trabaje por los derechos alimenticios y el derecho al ambiente de una comunidad miskita, por ejemplo, y ese organismo está recibiendo financiamiento extranjero para incidir en la defensa de los derechos ambientales y alimentarios, solo esa acción se va a contraponer a los intereses del megaproyecto y por lo tanto del Estado, entonces van a ser motivo de investigación exhaustiva y argumentando la Ley.
Le pongo un ejemplo: el caso de los camiones decomisados que llevaban comida para el Corredor Seco, ¿aplica aquí?
Eso aplica en este contexto. Calza como anillo al dedo. Aquí no va a haber nadie más que actúe, más que el Gobierno. Vamos a decir que un funcionario del Estado se amarra con un inversionista extranjero para poner una mina y para tener una concesión minera en el pueblo de Waspam, si hay un organismo que está incidiendo en la resistencia para que no se apruebe ese proyecto, va a ser atendido por esta Ley.
Para montar ese operativo de los camiones, ¿se tuvo que haber vigilado a esa gente?
Hubo recopilación de información previa, hubo tratamiento de esa información, análisis de esa información de las cuales se desprende la acción de los órganos de seguridad. A partir de ahora va a ser común ver al Ejército atendiendo manifestaciones públicas.
¿Cree que todas estas medidas son porque el Gobierno tiene miedo?
El Gobierno se mira en peligro. O al menos los órganos de seguridad le han metido en la cabeza que su régimen está en peligro.
PLANO PERSONAL
Roberto Orozco tiene 49 años. Está casado y tiene cinco hijos.
Tiene estudios de Derecho en la Unica, estudió sobre temas de Seguridad en Estados Unidos.
Aunque nunca se graduó de periodista, ejerció la profesión desde 1988 hasta 1996, donde se especializó en temas de Seguridad.
Actualmente es consultor independiente.
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