La Guardia Nacional de Nicaragua (GN) fue producto del pacto del Espino Negro en 1927, se constituye como el único cuerpo armado del país, con funciones de Ejército, tenía su Oficina de Seguridad Nacional (OSN) también las funciones de Policía, las de Migración y Sistema Penitenciario, todos subordinados al jefe Director de la Guardia Nacional, que a su vez era el titular del ejecutivo.
Esto cambia en 1979, con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Se funda un Ejército, con sus misiones y funciones específicas, subordinado al Ministerio de Defensa, se crea la Policía con sus propias misiones y funciones de orden interno, Migración y Sistema Penitenciario, todos subordinados al Ministerio del Interior.
Inaugurando de esa manera el Estado moderno, la República, la institucionalidad, que aun con la herencia nefasta de la dictadura militar somocista, el autoritarismo oligarca y patriarcal, la revolución, pare la libertad de Nicaragua, que se consiguió a través de la sangre y las luchas del pueblo, durante muchos años, quedando de esa manera establecido un Estado Social de Derecho, mismo que es refrendado en la Constitución de la República de 1984.
Actualmente, el titular del ejecutivo introduce un proyecto de ley a la Asamblea Nacional, llamado Ley de Seguridad Soberana. Este es un proyecto redactado de tal forma que busca esconder los verdaderos objetivos de dicha propuesta de ley. Si se analiza con detenimiento todo el articulado, rápidamente se puede desentrañar el verdadero fondo de la propuesta y por ende su significado. Considerando que en el capítulo II, en sus artículos 9 y 10 está contenida la parte medular de la propuesta, en los cuales crean el Sistema Nacional de Seguridad Soberana, dice que el sistema es coordinado por el presidente de la República, quien delega al Ejército para que este a través de la Dirección de Información para la Defensa (DID) se constituye como Secretaría Ejecutiva.
Los integrantes del sistema son: el Ejército, la Policía, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Ministerio de Gobernación (Dirección General de Migración y Extranjería, Sistema Penitenciario Nacional), Dirección General de Servicios Aduaneros, Unidad de Análisis Financiero (UAF), Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras. Además dice que el Ejército, a través de la Dirección de Información para la Defensa (DID), es el encargado de establecer las tareas y la cooperación y coordinación de las instituciones estatales, que “es una necesidad el objetivo de la búsqueda y de obtención de información para alcanzar los fines de la seguridad nacional (artículo 11, inc. 3).
Obviamente, estamos frente a la creación de un sistema nacional de búsqueda, obtención, recopilación y control de información, que tienen como principal objetivo el control y seguimiento de todos los ciudadanos sin excepción, así como a quienes el titular del ejecutivo les considere posibles y eventuales riesgos, también a quienes considere una amenaza (artículo 5, incisos i, j). Y aunque no lo dice de manera explícita, pero sí implícita, la información les servirá para tomar las medidas que consideren convenientes en cada caso.
Subordina no de manera jerárquica pero sí funcional y operativa a todas las instituciones estatales antes mencionadas, al Ejército, quien bajo los intereses del ejecutivo debe de controlar y recopilar, así como llevar el seguimiento de todas las informaciones que le serán suministradas por todas las instituciones, quienes tienen la obligación de trabajar en función de esos intereses.
El Gobierno busca cómo mantenerse en el poder, utiliza y subordina a todas los instituciones del Estado, apoyado por el Ejército, quien, olvidándose de su origen, de los muertos y compromiso con el pueblo, asume con este proyecto de ley una preponderancia que la Constitución Política de la República no se lo faculta.
A 36 años del derrocamiento de la dictadura militar somocista y del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el titular del ejecutivo pretende revivir con este proyecto de ley los fantasmas del pasado, del terror somocista; como eran los orejas, los soplones, los sapos, etc., que constituían la columna vertebral del aparato represivo, de información, control y seguimiento a la ciudadanía opositora, que administraba la Guardia Nacional de Nicaragua (GN) a través de la seguridad somocista (OSN), y que le garantizaron a la dictadura militar somocista su permanencia en el poder durante 45 años. La autora es integrante de la Coordinadora Civil.
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