Un grupo de personas que dicen pertenecer al pueblo indígena de Jinotega realizó ayer un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para denunciar las ventas ilegales de tierras indígenas, en ese sector.
Explicaron que el plantón frente a la CSJ obedece a que bajo esa autoridad está el Registro de la Propiedad.
Según los denunciantes, desde hace varios años hay un desorden con las tierras indígenas, donde supuestamente hasta las áreas verdes del barrio indígena Diriangén y el parque han sido vendidos.
Carlos Torres, del Movimiento Indígena de Nicaragua, recordó que aunque están prohibidas las ventas de tierras comunales, esto se sigue efectuando.
Torres señaló que ante la falta de seguridad jurídica está en riesgo la propiedad comunal en Jinotega.
Menciona, por ejemplo, anulaciones de escrituras, terrenos que tienen hasta tres dueños, por lo que “además de problemas jurídicos se están volviendo problemas sociales, políticos y culturales”.
Debido a esta situación, que ha alterado la calma entre la población indígena, el Movimiento Indígena de Nicaragua ha creado una comisión jurídica que recopila información de la situación existente en el territorio.
El territorio indígena de Jinotega tiene una extensión de 36,856 manzanas en 28 comunidades en el municipio de Jinotega, 7,043 manzanas en 131 comunidades de Pantasma y más de 10,000 manzanas en el lago de Apanás, donde dijo, incluso ya venden las costas del lago.
Según Torres, hay un grupo de personas que usa el tráfico de influencias, que perjudica el desarrollo humano de los pueblos, por lo que demandan a la CSJ que no permitan que continúe la venta de tierras comunales.
Recordó que el decreto legislativo de 1914, el cual fue ratificado en 1935, establece que quien vende tierras comunales comete delito.
MODO DE OPERAR
Denis Palacios, uno de los que participó en el plantón frente a la Corte Suprema de Justicia, dijo que el método utilizado para robar tierras es la rescisión unilateral, cuando eso no existe, pues un contrato se hace por dos o más de una persona y de la misma manera se tiene que deshacer o la otra forma es con una sentencia de una autoridad competente.
Igualmente usan la cancelación de registro de las personas a las que les roban sus propiedades. Mencionó el caso de una cooperativa en Pantasma, donde el edificio vale más de doscientos mil dólares, esa propiedad la montaron a nombre de otra personas, hicieron una hipoteca y le trasladaron ya la propiedad a otras personas.