La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso cinco quejas más contra abogados y notarios públicos, ante la Corte Suprema de Justicia, por supuestamente participar en la “legalización” de ventas de tierras comunales o indígenas.
Con estas ventas ilícitas de tierras, los notarios violaron la Ley de Estatutos de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica, que prohíbe la venta de estos territorios a terceros.
Los denunciados en esta ocasión son: Josefa Bertilda Vargas, Betsy Duarte Cisneros, Juan Ramón Flores Rugama, Alfonso Aguilar Castillo y Pedro Picado.
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Estas ventas ilegales de tierras se conocieron desde el 2010, cuando se formó una comisión interinstitucional para averiguar sobre la situación de la reserva ecológica Bosawas, pero tomó auge en septiembre de este año, después de que el diputado sandinista Edwin Castro utilizó los resultados de la investigación, para desaforar de forma ilegal al diputado Yatama, Brooklyn Rivera.
Según Castro, el representante del partido Yatama es conocedor y partícipe de las ventas anómalas.
La PGR promovió una investigación policial contra Rivera, pero hasta el momento lo que se conoce como resultado de esta investigación es la posible participación de estos notarios en dichos actos legales.
Los notarios denunciados supuestamente autorizaron ilícitamente desmembraciones y ventas de grandes extensiones de tierra, mismas que aparecen acreditadas en sus protocolos de notarios.
El procurador Hernán Estrada solicita a los magistrados de la CSJ que les aplique sanciones por haber incurrido en faltas disciplinarias en el ejercicio de la profesión.
En octubre pasado la PGR denunció a los notarios Irma Gladys Forbes López, Rito Emilio Jirón, David Rocha Rocha, Ernesto Amador Cortez y Pablo Rolando Jarquín Quiroz. Estos abogados fueron investigados y sancionados por la CSJ, que constató que los instrumentos públicos que ellos elaboraron circularon en el tráfico jurídico, causando daño a la comunidad indígena, daño irreversible al medioambiente y al Estado.
Unas 54,316 manzanas de tierra de las comunidades indígenas fueron “legalizadas” a nombre de terceros a través de simulación de actos legales que no son inscribibles en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Bilwi.
Por estas anomalías, detectadas en 2010, la Corte Suprema de Justicia destituyó al ahora exregistrador de la Propiedad en Bilwi, David Rodríguez, en julio del 2013 por permitir la inscripción irregular de 31 propiedades.
Según la PGR, para la comisión de estos delitos los notarios denunciados “previamente constituyeron una agrupación debidamente organizada por líderes del grupo Yatama para cometer reiteradamente hechos delictivos contra la seguridad del Estado, el medioambiente, las comunidades indígenas”, dice la denuncia de la PGR.
37,252.91 kilómetros cuadrados ha titulado el Estado de Nicaragua desde 2007. Esto corresponde a 23 territorios indígenas y afrodescendientes. Estos títulos de propiedad comunal están inscritos en los Registros de la Propiedad correspondientes. indígenas”, dice la denuncia de la PGR.
