El diputado del Partido Liberal Independiente (PLI), Carlos Langrand, manifestó ayer que detener la entrega de alimentos enviados a los campesinos de la zona seca de Nueva Segovia es una “mezquindad del Gobierno”, pero considera que ese episodio tiene una connotación positiva, y “los nicaragüenses lograron imponerse a la esquizofrenia de un Gobierno que quiere controlarlo todo”. “Esta es una muestra de que si los nicaragüenses nos juntamos, podemos defendernos de ese tipo de abusos”, expresó Langrand.
El diputado Langrand explicó que el rol del Gobierno, en la entrega de una donación de comida, llega hasta la verificación del buen estado de los víveres, a través de la institución de la Salud, pero “no puede intervenir en una donación entre terceros”.
CONSTITUCIÓN NO PROHÍBE DONACIÓN
“El Gobierno no puede decidir quién otorga o no en calidad de donación, porque en ninguna parte del Código Mercantil, en ninguna parte de nuestra Constitución se prohíbe la donación”, dijo Langrand.
El diputado recordó que la Bancada de la Alianza PLI advirtió el año pasado, en la Asamblea Nacional, de la escasez de alimentos en la zona seca del país, debido a la sequía, solicitando incluir en el Presupuesto General 2016 una partida para atender esa zona, sin embargo, el Gobierno centraliza ese tema con programas clientelistas que llevan la bandera sandinista.
La directora ejecutiva del Movimiento por Nicaragua (MpN), Violeta Granera, considera que la retención de alimentos no es un hecho aislado, sino una “política de centralismo” del Gobierno de Daniel Ortega.
“No quieren que ningún beneficio, ninguna ayuda sea provista fuera del control de ellos, porque todo lo que hacen lo quieren hacer con fines electoreros y clientelista”, dijo Granera consultada vía telefónica.
No quieren que ningún beneficio, ninguna ayuda sea provista fuera del control de ellos, porque todo lo que hacen lo quieren hacer con fines electoreros y clientelista”.
Violeta Granera,directora ejecutiva del Movimiento Por Nicaragua.
NICARAGÜENSES SOLIDARIOS, PERO GOBIERNO NO
Pero para Granera esa actitud es prueba de la incoherencia “total” del gobierno orteguista que pregona un eslogan de “socialista y solidario”, pero no lo pone en práctica.
“Los nicaragüenses sí somos un pueblo solidario, pero lo que ha pasado en el país, cuando los campesinos intentan ayudarse pueblo a pueblo, es que su ayuda ha sido obstaculizada por el gobierno que no es solidario, eso es una prueba fehaciente de su incoherencia”, dijo Granera.
“No puede ser que hasta la mínima acción solidaria quiera ser controlada por el Gobierno”, agregó.
DERECHOS HUMANOS CRITICAN MANIOBRA
Para el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, las maniobras de la Policía Nacional, de impedir durante cuatro días que se distribuyera la comida, denota la falta de sensibilidad humana por parte del Gobierno.
A su vez, Carmona critica que las autoridades sigan utilizando a la Policía para presionar a quienes tratan de apoyar a los beneficiados y más bien esa institución se presta al juego de amenazar a las personas con procesarlas “donde realmente hay hambre”, pese a que hay un informe de las Naciones Unidas que revela preocupación por la afectación de la sequía a pueblos de Centroamérica, incluidos los nicaragüenses.
Esta situación, dijo Carmona, no contribuye a que haya en el país “unos derechos humanos resplandecientes”.
El gobierno no puede decidir quién otorga o no otorga en calidad de donación, porque en ninguna parte del código mercantil, en ninguna parte de nuestra Constitución se prohíbe la
donación”.
Carlos Lagrand diputado del Partido Liberal Independiente (PLI).
SE AGUDIZA CONTROL SOCIAL
El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, por su parte, manifestó que esto demuestra la agudización del control social que aplica el Gobierno a través de la Policía Nacional, pese a que la misma Ley de Seguridad Soberana asegura que garantiza a los nicaragüenses el derecho alimentario.
Carrión expresó que este hecho demostró cómo la lucha de la población sirvió para que prevalecieran sus derechos pese a que hubo intentos de manipulación en la entrega de la ayuda enviada.
NO ES PRIMERA VEZ QUE PASA
Un camión cargado con aproximadamente 250 quintales de alimentos, destinados a unas 200 familias campesinas del municipio de Santa María, del departamento de Nueva Segovia, fueron retenidos por la Policía Nacional para impedir su entrega el miércoles 30 de diciembre.
Unos 400 jefes de familia bajaron desde las comunidades hasta el poblado para recibir la ración de comida, pero fue suspendida la entrega por agentes policiales.
Aunque la Policía se siguió oponiendo, el sábado 2 de enero se empezó a distribuir la ayuda enviada por productores agrícolas del Sur del país.
Esta misma situación ocurrió en octubre pasado, cuando unas siete patrullas de la Policía Nacional mantuvieron retenidos en Ocotal, cabecera de Nueva Segovia, a varios productores de la zona de Nueva Guinea, quienes se dirigían a cinco municipios de la localidad para repartir 800 quintales de granos básicos como ayuda a las familias que viven en zonas secas y perdieron sus cosechas.
