Si existiera voluntad de investigar el préstamo —ya ampliamente informado— que algunos directivos, del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), aprobaron al contratista de Dinsa, directivo y delegado por el Cosep ante esta institución, esta investigación incluiría inevitablemente al notario actuante por las claras inconsistencias del documento.
Ordena el artículo 23 de la Ley del Notariado en su inciso 5 que el notario actuante dará fe de conocer a los otorgantes, a los testigos o los intérpretes que intervinieren, —en un acto notarial—, en su caso. El artículo 43 inciso 1, prohíbe a los notarios que otorguen escrituras o contratos a personas desconocidas, a menos que le presenten dos testigos para comprobar su identidad y capacidad.
La autoridad correspondiente que regula la profesión del notariado debe investigar al notario. Hasta el instante de escribir este texto, nadie del gobierno ha osado hablar ni proceder. El INSS, la Contraloría, el Ministerio Público, un obeso diputado, el Fiscal adjunto; un diputado envió al reportero a preguntar a otro funcionario y otro diputado dijo que no sabía nada de eso. Esas reacciones causan hilaridad porque, demostrada la corrupción en el caso Dinsa-Teleconstrucciones, se colige cobardía. Quien se oculta de los demás, se oculta a sí mismo.
Hace mucho tiempo publiqué un artículo que titulé: “Cuando lo ilegal es normal” porque, asombrado por tanta corrupción denunciada, esta ya es casi normal. Este Estado produce en el pueblo una frontera entre la paciencia y el yoquepierdismo, porque, aún después de denunciada tanta corrupción, por el silencio del Gobierno, las reacciones son inútiles y la corrupción es normal.
Al documento constituyente de la Sociedad Teleconstrucciones SA se le deben investigar las inconsistencias, en lo que a dar fe de conocer a los socios se refiere, su jurisdicción, domicilios e identidades de acuerdo con Ley de Identidad Ciudadana. La investigación del valiente diario LA PRENSA revela que un socio fundador falleció un mes antes que el contratista recibiera un primer desembolso del millón 200,000 dólares y que nunca fue empresario de la construcción. El otro, un guirisero de “montaña adentro”, nunca supo de tal Sociedad en la que aparece como socio propietario. Aquí parecieran inconsistencias en las generales de ley. ¿Acaso existe un poder general de administración firmado por los socios al notario? Estas inconsistencias anularían la escritura por aquel principio que se lee en Derecho Romano: “Actus omissa forma legis curruit”, La omisión de los actos legales, los anula”.
Cuarenta y un ejecutivos del Cosep están en las directivas de instituciones del Estado, en una supuesta repartición de “dietas”, iguales a las concedidas al Partido Conservador por el somocismo desde 1936 hasta 1969. Este nuevo pacto, empresarios-dictadura revela un zancudismo empresarial con distintos nombres, pero con el mismo estilo.
Se informó que formarán una comisión para investigar, o lo que es igual, quizá, que el escándalo irá al archivo del olvido. Otro dirigente admitió que no veía lo ilegal sino un problema de ética, develando que para el empresariado primero son los negocios y después, la ética.
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Esperemos la triple megasuperexhaustiva investigación que hará la comisión y que con seguridad develarán y denunciarán que, tras Dinsa y Teleconstrucciones hay un pez tan gordo como la ballena de Moby Dick. El contratista dijo que no conoce quien lo contrató, o sea que el acto contractual fue fantasmagórico. Ojalá, unido en noviembre, el pueblo opositor con su voto cambie para siempre a esta dictadura.
El autor es abogado y notario.
