El caso de Julio Osuna, procesado y sentenciado en octubre de 2012 a 23 años de prisión por narcotráfico, crimen organizado y falsificación ideológica, fue muy sonado porque se trataba de un magistrado del PLC en el Consejo Supremo Electoral (CSE), en la cuota de ese partido político por el pacto de Arnoldo Alemán con Daniel Ortega.
Ese escándalo tuvo también relevancia internacional porque el grupo criminal con el que Osuna resultó vinculado era el mismo que asesinó en Guatemala a Facundo Cabral, artista argentino de proyección mundial.
Por esas mismas razones ahora ha sido noticia de primera plana la súbita puesta en libertad de Osuna, desde fines de diciembre pasado, porque supuestamente padece enfermedades graves. Pero también ha causado gran sensación esta noticia, porque a muchos otros presos que están enfermos, incluso padeciendo males de extrema gravedad, no se les beneficia con la misma regla “humanitaria” que se le ha aplicado al exmagistrado electoral arnoldista. Por el contrario, a muchos reos enfermos ni siquiera se les permite recibir la adecuada atención médica dentro del penal.
Las leyes contra el narcotráfico y otras formas del crimen organizado prohíben expresamente que los reos sentenciados por esos delitos reciban el beneficio del régimen carcelario abierto o prisión domiciliar. Sin embargo se puede comprender que por humanitarismo y compasión cristiana se permita que algunos reos enfermos de suma gravedad, sobre todo en fase terminal, vayan a pasar sus últimos días en sus hogares o en centros clínicos de asistencia final. Pero evidentemente ese no es el caso del exmagistrado electoral Osuna, de quien se supo que estaba en libertad porque una concejal de la oposición en la Alcaldía de Managua lo vio paseando tranquilamente por la ciudad y lo informó a los medios de comunicación independientes.
La presidenta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), María Haydée Osuna, hermana del exmagistrado electoral convicto que goza de libertad tres años después de haber sido condenado a purgar 23 en prisión, ha dicho que el caso es humanitario y no tiene ninguna connotación política. Lo mismo dijo el magistrado del PLC en la Corte Suprema de Justicia, Manuel Martínez, quien sin embargo reconoció que se trataba de “políticas de convivencia, complacencia y concesiones”.
Pero si así fuese y el rasero de la ley y la justicia es igual para todos, ¿por qué no se aplica la misma política de “complacencia” a otros reos que padecen realmente graves enfermedades? Tal es, por ejemplo, el caso de Kelly Francisco Vega Núñez, del que informamos ayer, quien cometió un delito mucho menor que los de Osuna y se encuentra muy grave por síndrome nefrótico, hemorroides y complicaciones hepáticas y diabéticas, pero no le conceden el privilegio de casa por cárcel.
“La verdad es que en el Sistema Penitenciario los que tienen reales son los que salen”, declaró la frustrada madre del reo mencionado. Le faltó agregar que también salen los que gozan del amparo de ciertos partidos y personajes políticos allegados al poder orteguista.
Comprobado está que la justicia no es equitativa —y por ende deja de ser justicia—, donde las instituciones han sido pervertidas por la política partidista.