Managua se ha convertido en un municipio donde las ordenanzas municipales que deben aprobarse —por alguna razón— solo quedan en propuestas o, si se corre con más suerte se aprueban pero no se ejecutan a como lo dicta cada uno de sus capítulos. “Es que en Nicaragua la mayor parte de las ordenanzas se quedan en papel mojado”, expone el municipalista Manuel Ortega Hegg, quien sigue de cerca el funcionamiento de los concejos a nivel nacional.
Son tres años los que ya cumplió la actual administración edilicia capitalina y en este tiempo hay una lista de normativas que no han sido consentidas en el Concejo, que es controlado ampliamente por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FLSN) al contar con 67 votos, contra una reducida oposición de 13.
La concejal del Partido Liberal Independiente (PLI), Helga Asher, quien se caracteriza por ser crítica en la Alcaldía, enumera dos propuestas que están estancadas desde 2013 y que son importantes: la reforma al Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento del Concejo Municipal de Managua y el uso de rotondas. La primera es una actualización del presente reglamento, aprobado en julio de 1998; y la segunda es para evitar que ciertos días lleguen simpatizantes de cualquier partido a tomarse las rotondas.
La razón por la que ambas no son aprobadas, y ni siquiera llegan a discutirse en una sesión donde estén todos los concejales —explica Asher—, es porque la Alcaldía estaría limitada a realizar ciertas actividades que suele tramar el partido gobernante. En el caso del uso de rotondas, “el espíritu es que no se utilicen con otros fines que no sean para las que fueron creadas, que era para despejar el tránsito vehicular y no para mítines políticos y de otra naturaleza” , señala la concejal.
80 personas conforman el Concejo Municipal del Municipio de Managua. Este número es producto de una reforma a la Ley de Municipios y Ley Electoral que logró el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). El argumento que se presentó fue que habría más representación de los ciudadanos, pero en la práctica ha quedado demostrado que no es así.
Ortega Hegg manifiesta que precisamente esa es la razón de ser de las ordenanzas, normar en el municipio para que la convivencia sea sana y con respeto de todos y para todos.
Aunque los otros aspectos no son menos importantes, el municipalista dice que cuando no existe una ordenanza o simplemente no se pone en práctica, la sociedad no adopta formas sanas de convivencia. Tal es el caso el tema de la basura con su ordenanza de Daños y Multas Ambientales en el Municipio, aprobada en 2013 por decisión unánime.
“¿Qué pasó con esta ley de daños ambientales? Lo que pasa con muchas ordenanzas, no se dio a conocer suficientemente, no se ha educado sobre ella, no hay mayor conocimiento de qué es lo que dice. Al comienzo se dispusieron una serie de inspectores, anduvieron por todos lados deteniendo a la gente, poniendo multas, pero todos esos mecanismos han sido coercitivos, y cuando pasa no quedó conciencia, conocimiento, cultura de que no es porque estén encima mía que voy a cumplir, sino que la ley es fundamental para la convivencia social porque hay problemas de salud si yo sigo contaminando el medioambiente”, aclara Ortega Hegg.
Para el experto en municipalismo, la normativa está correctamente redactada porque explica las maneras para aplicarse, pero a la misma vez lamenta que no se aplique con la efectividad que debería. Una muestra de ello es que los cauces y otros sistemas de drenaje siempre lucen llenos de desechos sólidos.
CONCEJALES PUEDEN SUPERVISAR CUMPLIMIENTO
Según la ley, los concejales además de aprobar ordenanzas, están facultados para supervisar su cumplimiento y exigir que les rinda cuentas el administrador de la Alcaldía, en este caso el alcalde.
“Como quien tiene el aparato ejecutor es el alcalde, él tiene por lo tanto la posibilidad de asignar a las direcciones que tiene a cargo el seguimiento de las ordenanzas y los concejales que no tienen ese aparato se tienen que apoyar en las direcciones y pedir los informes que la ley establece, que les informe de cómo va el cumplimiento de la ordenanza que aprobaron”, insiste Ortega Hegg.
Al mismo tiempo, Gilberto Lindo, consultor en temas municipales, recuerda que el alcalde tiene la potestad de sancionar a las personas que incumplan con la ejecución de la normativa que creó su Concejo Municipal. Pero agrega que no lo hace porque le conviene ya que si se aplican con efectividad, sancionando a como se debe, tendrá costos políticos. “Enfrentarse a estos sectores y tener que regularlos tiene costos políticos, ese es el principal obstáculo”.
Lindo sostiene que otro aspecto es que si al Gobierno central le interesa una normativa seguro que se aprobará porque el FSLN tiene mayoría, pero si la orden no viene de arriba no se ejecutará.
Los gobiernos locales, según la Constitución Política y la Ley de Municipios (Ley 40), son auténticas instancias electas por la población como un gobierno propio y con capacidad de dictar leyes locales y con capacidad de hacerlas ejecutar”. Manuel Ortega Hegg, municipalista.
Como no se aplica la ordenanza de Daños y Multas Ambientales, los ciudadanos continúan tirando basura. Lindo asegura que el instrumento normador no se cumple porque no quiere perder simpatizantes. “Les resta imagen desde el punto de vista político, según ellos”, finaliza el consultor en temas municipales.
Una semana antes de esta publicación, LA PRENSA solicitó una entrevista con la secretaria del Concejo Municipal de Managua, Reyna Rueda, pero no prosperó. Se le visitó en su oficina del Centro Cívico pero no se encontraba en el momento. Este Diario dejó los contactos con su asistente pero no hubo respuesta a la petición de conversar y tener la versión oficial respecto a las propuestas que ni siquiera llegan a discutirse a las sesiones y del incumplimiento de las ordenanzas.
“Este período municipal ha sido de poco interés en hacer las cosas bien, sí puedo decir que se han hecho cosas pero no puedo decir que se han hecho bien porque de qué sirve que se aprobó una ordenanza si no le das seguimiento y no la ejecutás”, se pregunta Asher.
PLANES SON UNA COPIA MASIVA
Gilberto Lindo, consultor en temas municipales, manifiesta que la mayoría de las alcaldías de Nicaragua tiene un perfil parecido en cuanto a la inversión de capital. Según el experto, en la mayoría de los Planes de Inversión Anual (PIA) aparecen construcciones de parques, centros de teleconferencias y financiando el deporte.
“Es bueno, pero no obedece a una demanda prioritaria de la población como está establecido en la ley”, indica Lindo.
Este análisis de Lindo evidencia que los cabildos municipales que se celebran en noviembre de cada año, previo a la aprobación de los presupuestos de cada municipalidad, solo son para cumplir con la ley pero que no se escucha a la población. Para Lindo, al final se presupuesta lo que dicta el Gobierno central.
Acá entra en juego el tema de la autonomía municipal. Según los municipalistas, las alcaldías han perdido su poder de decisión incluso para aspectos mínimos, porque todo se tiene que consultar con el Gobierno central.
