La situación política de Nicaragua se ve severamente influenciada por el momento electoral que se vive, caracterizado por la concentración de poder, por el lado del Gobierno, y la fragmentación política, por el lado de la oposición.
Todo ello, junto con otros elementos presentes, ha contribuido a agudizar la incertidumbre jurídica y política y la desconfianza en el Consejo Supremo Electoral (CSE), agravada por la tardanza en la convocatoria a elecciones; la falta de referencia a la observación nacional e internacional; la comunicación de parte de este a los cuatro partidos denominados Partido Liberal Independiente (PLI), a pesar de haber reconocido anteriormente la personería jurídica del PLI con la representación legal del licenciado Eduardo Montealegre, a lo que se suma ahora la convocatoria hecha por el CSE a las otras tres organizaciones políticas que llevan también el nombre de PLI, y que no habían sido consideradas con anterioridad.
Esta situación se complica aún más debido a la existencia de recursos de amparo interpuestos por estas organizaciones ante la Corte Suprema de Justicia en contra del CSE, por el reconocimiento que en su momento hizo este de la personería jurídica y la representación legal del PLI que encabeza el licenciado Eduardo Montealegre, lo que motivó esos recursos, cuya decisión, al momento de escribir este artículo, está pendiente, la que, dependiendo de la misma, podría alterar el cuadro actual o, confirmar la situación presente.
Este cuadro complejo se complica aún más, si por otro lado tenemos en cuenta la controversia que existe en el Partido de Acción Ciudadana (PAC), el que se incorporó a la Coalición Nacional por la Democracia, después de haberse separado de la Unidad Democrática, sobre la representación legal de ese partido, controversia que está planteada ante el CSE, cuya decisión sobre el asunto todavía está pendiente.
La falta de claridad jurídica y política es un factor negativo que acentúa la desconfianza en el proceso electoral en general, y en la estabilidad y seguridad jurídica en el país.
Todo esto resalta aún más la importancia que tienen las elecciones, pues ellas son la expresión esencial de la democracia representativa, cuya importancia trasciende lo estrictamente electoral, ya que, en general, constituyen en Nicaragua un factor de estabilidad y equilibrio, o un elemento de inestabilidad, inseguridad y confrontación.
Esto nos lleva a afirmar que las elecciones son fundamentales no solo para el proceso político que conllevan, sino para la coexistencia pacífica de toda la sociedad nicaragüense.
A partir de la consideración anterior, conviene señalar, que aún siendo fundamentales para la estabilidad y el ejercicio democrático, no son todo para la democracia, pues esta es, además, un sistema institucional y principalmente un sistema de valores, como la denomina el filósofo español José Luis Aranguren.
Si bien es necesario considerar la importancia del proceso electoral en función de la realización de la democracia, es fundamental reafirmar la naturaleza plena que esta tiene, no solo para conferir su sentido e importancia a las elecciones, sino para precisar el profundo significado que la democracia tiene en la organización de la vida social, el desarrollo de la ciudadanía, y la reafirmación de aquellos valores y principios considerados esenciales para la vida social y el fortalecimiento de la estabilidad nacional.
Es por ello que resulta imprescindible, en general, y en nuestra realidad política, en particular, fortalecer la convicción acerca de la importancia de un proceso electoral honesto y transparente, indisolublemente ligado a la existencia de la democracia, el Estado de Derecho y la institucionalidad. La lucha por la probidad electoral, conlleva necesariamente la lucha por la democracia y sus valores, pues las elecciones adquieren su sentido pleno cuando se dirigen al establecimiento y fortalecimiento de la democracia, la que tiene su origen y su base en el respeto a la voluntad de la ciudadanía, expresada en el voto, que es condición esencial de legitimidad y legalidad de todo proceso electoral.
Para que pueda darse la democracia como sistema de valores y de prácticas y como una cultura, y no solamente como un ejercicio que se realiza periódicamente, es necesaria, además, la existencia de factores económicos, sociales e institucionales que hagan posible la gobernabilidad.
En el aspecto económico, se requiere la reactivación del aparato productivo pues el país no puede vivir y sobrevivir únicamente a partir de la cooperación internacional, la que si bien es necesaria, no es suficiente para garantizar por sí sola la estabilidad y el desarrollo nacional.
En el aspecto social, desde el plano de la ética y la justicia, debe procurarse la eliminación o al menos la reducción significativa de las desigualdades, mediante la aplicación de políticas públicas y sociales construidas por el Estado y la ciudadanía y respaldadas por la solidaridad de toda la sociedad.
Por su parte en un sistema democrático, el Estado debe apoyar el proceso de identificación de la población en un conjunto de valores comunes a la sociedad, producidos por esta a lo largo de su historia. La sociedad crea los valores, el Estado debe contribuir a identificarlos y a propiciar las condiciones indispensables para que ese patrimonio común, que es la cultura producida por un pueblo a través de su historia, se constituya en un punto de referencia en el cual representantes y representados puedan identificarse.
Lo anterior tiene por objeto señalar que la democracia no es solamente el proceso electoral. Este es un componente necesario sin el cual aquella no es posible, pero no es un factor suficiente para garantizar por sí solo su permanencia y desarrollo.
La democracia exige reconstruir el tejido social y crear los mecanismos de su consolidación y reproducción. La legitimidad de la democracia no depende únicamente de un acto específico, aunque este sea imprescindible, sino de determinadas condiciones históricas que hacen posible la equidad, la eficacia de la ley y la identidad de un sistema de valores y de una cultura en la que todos podamos reconocernos.
Creo que estos puntos son fundamentales para pensar estratégicamente la democracia en nuestro tiempo y lugar. Todo ello, junto a la necesidad de revitalizar y replantear el papel de los partidos políticos, exige reafirmar la importancia esencial de la ciudadanía, en la que se encuentra la clave para la solución de los problemas principales de la sociedad y para la reafirmación de valores de justicia y libertad, esenciales en la reafirmación y desarrollo de toda comunidad humana.
El autor es jurista y filósofo nicaragüense.