El presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), Roberto Sansón Caldera, reconoció que los últimos acontecimientos políticos en el país, como sepultar la observación electoral nacional e internacional y el fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre la litis del PLI, causan incertidumbre en el sector empresarial y oscurecen el clima de negocios de la nación.
Abogó porque se abra observación electoral a todos aquellos organismos que deseen venir, como la solución final para que los procesos electorales de Nicaragua sean justos y aceptados por todos los sectores políticos .
“Recordemos que lo primero que se va de un país es el dinero… y aunque en Nicaragua tengamos paz social, estabilidad macroeconómica y crecimiento, esto no está garantizado en piedra y hay que trabajar a diario para mantenerlos”, recomendó el directivo empresarial en esta entrevista que brindó a LA PRENSA, el jueves pasado
La Sala Constitucional de la Corte falló en contra de Eduardo Montealegre en la litis por la representación legal del PLI. ¿Consideran ustedes que ese proceso judicial viene a abonar al Estado de Derecho y la seguridad jurídica que buscan los empresarios?
Nosotros desde Amcham hemos trabajado por muchos años muy bien con el Gobierno; siempre tratando de propiciar un buen clima de negocios que incluya el respeto a la propiedad privada y a las reglas del juego en un Estado de Derecho. Ayer–el miércoles pasado–sostuvimos una reunión en nuestra Junta Directiva–de Amcham–y coincidimos en que las decisiones que se han adoptado en los últimos días traen una gran incertidumbre al país y al sector empresarial, una incertidumbre que no necesitamos; estas actitudes le restan credibilidad al proceso –electoral–. La postura de Amcham es que se debe evitar hacer cualquier maniobra que oscurezca el proceso electoral que estamos viviendo en Nicaragua y que vayan en contradicción con la misión de tener un proceso electoral lo más transparente posible y que todos los que participen puedan decir que están satisfechos.
Sin observación electoral y sin la participación del PLI, que de hecho elimina a toda la Coalición Nacional por la Democracia, ¿cómo ve Amcham la legitimidad de este proceso electoral?
La legitimidad de un proceso electoral está determinada por la satisfacción de los actores–partidos políticos–que participan en él y que al final son quienes se pueden ver afectados o no. Obviamente con los nublados del día esta incertidumbre podría traducirse en una enorme abstención por la falta de credibilidad de la justa electoral y eso no abona a la democracia, poniendo en tela de duda la validez del proceso electoral.
¿Consideran ustedes que esta situación afecta el clima de inversión?
Las noticias internacionales han recogido lo que ha acontecido en nuestro país en los últimos días y obviamente esto afecta el clima de inversión y la credibilidad e imagen internacional de nuestro país, algo que nos ha costado mucho ir recuperando y ganando. Recientemente me reuní con el exsecretario de Comercio de los Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, y precisamente él me decía que en algunos países–incluyendo los Estados Unidos–hay quienes piensan que Nicaragua todavía vive una situación de guerra e inestabilidad política; entonces, al generarse noticias que reflejen incertidumbre, que podría interpretarse como falta de gobernabilidad, un empresario pensará dos veces antes de invertir su dinero en nuestro país. Recordemos que lo primero que se va de un país es el dinero… y aunque en Nicaragua tengamos paz social, estabilidad macroeconómica y crecimiento, esto no está garantizado en piedra y hay que trabajar a diario para mantenerlos. Siempre es necesario que las instituciones garanticen el respeto al Estado de Derecho en una sociedad democrática. Hoy tenemos la oportunidad de demostrar a la comunidad internacional que así como hemos progresado en lo económico, también hemos madurado en lo político. Espero que no desperdiciemos esta oportunidad.
El presidente Ortega prácticamente sepultó (con el discurso de aceptación de su séptima candidatura presidencial) la observación electoral y atacó directamente a los embajadores de la Unión Europea y EE.UU. diciendo: “Que se olviden los embajadores intervencionistas de estar pidiendo cuentas”; y a la OEA y la Unión Europea les llamó “observadores sinvergüenzas, aquí se acabó la observación, que vayan a observar a otros países”. ¿Qué opina de ello?
Quisiera creer que el presidente Ortega–en su discurso–se estaba dirigiendo a sus electores, a los miembros de su partido. Yo he buscado por todos lados el discurso completo del presidente–parece que no lo transmitieron por radio ni por televisión–y no lo he podido encontrar. Quien más sale beneficiado con la observación electoral–porque legitimaría su mandato– sería el mismo presidente Ortega y eso daría estabilidad a la nación en caso que resultara electo. Creo que no hay que temerle a la observación. Ya la ley regula la materia y el Consejo Supremo Electoral tiene la facultad de normar la participación de los observadores nacionales e internacionales y mientras se cumpla con lo establecido, no debería haber temor alguno. Ojalá sea retórica y que prevalezca la mesura y el interés nacional por sobre los intereses personales.
La Ley Electoral señala que es el CSE quien regula y norma la observación electoral nacional e internacional. Con las declaraciones del presidente Ortega este invade la autonomía de otro poder del Estado. ¿ConsideraAmcham que en Nicaragua hay en realidad independencia de poderes del Estado?
Bueno, ese es un tema para los es pecialistas en Derecho Constitucional y nosotros como Amcham estamos en proceso de analizar el asunto, pero a simple vista lo que está establecido en la ley es claro y el tema de la invitación o no a la observación internacional es competencia única del Consejo Supremo Electoral. Por lo tanto, es a este poder del Estado a quien le compete pronunciarse sobre dicho asunto y, sí hay independencia de poderes, con todo respeto, pensamos que lo que dijo el señor presidente debe tomarse como la opinión de un candidato presidencial y no puede considerarse como un decreto o una ley, pues la jurisdicción en dicho tema es facultad de las autoridades electorales. A quien debemos exigir que inviten a observadores es al CSE.
¿Cree usted que están dadas las condiciones para un proceso electoral libre, transparente y
democrático en Nicaragua?
Todo dependerá de lo que digan los actores políticos. Son ellos los llamados a señalar si confían en el proceso electoral o no. Es lamentable que las noticias internacionales esta semana sobre Nicaragua hayan sido por el cuestionamiento–desde ya–a las elecciones de noviembre. Todo eso se pudiera evitar si existiera voluntad política para que las elecciones sean más transparentes y quienes pueden certificar dicha transparencia son los partidos de oposición y los expertos–observadores–internacionales. Por eso la importancia de invitar a los observadores. Todos saldríamos ganando y el ganador de las elecciones tendría la legitimidad, que ha sido cuestionada en los últimos procesos. Siempre se podrá mejorar y creo que con los avances tecnológicos Nicaragua debe aspirar a tener un proceso electoral eficiente, transparente y que los resultados del mismo sean los aceptados por todos. No es mucho pedir. Esta semana México y Perú nos han dado un ejemplo. Ojalá se limpien los nublados del día y podamos celebrar elecciones justas y aceptadas por todos.
La OEA y la Unión Europea emitieron (en el año 2011) observaciones puntuales sobre las elecciones en Nicaragua y ninguna de ellas ha sido tomada en cuenta para el próximo sufragio. Hace dos años la Conferencia Episcopal también hizo recomendaciones al presidente Ortega sobre el tema electoral. Nada se ha tomado en cuenta. ¿Cómo interpreta Amcham esta actitud del presidente Ortega en relación con un proceso limpio, confiable y transparente?
En primer lugar creo que cada quien debe asumir la responsabilidad según su competencia y las facultades que le otorgue la ley. Todos queremos un proceso limpio, confiable y transparente, especialmente los partidos políticos, que son quienes deben expresar si se sienten satisfechos con el proceso electoral. Creemos que las observaciones presentadas por la OEA y la Unión Europea en relación con los procesos electorales anteriores siguen estando vigentes. Nosotros hemos invitado a las autoridades del Estado a revisar las mismas para mejorar el proceso electoral, pero no ha habido respuesta. Si hay que reformar leyes, pues quizá deban ser los diputados los que las promuevan–si es que hay voluntad política– o las mismas autoridades del CSE tienen la facultad de iniciativa de ley en materia de su competencia, por lo que podrían presentar las reformas que consideren aceptables para mejorar la transparencia electoral. Es un asunto de voluntad política. Mientras la OEA, la Unión Europea, el Centro Carter y cualquier otra institución “desee” observar nuestro proceso, mi opinión es que esto debe ser permitido por el Consejo Supremo Electoral, que es la autoridad facultada para hacerlo posible.
