La abogada panameña Sandra Cerrud informó a Radio Panamá que demandará al Gobierno de Nicaragua el pago de arrendamiento por los seis años que el embajador de Nicaragua en ese país, Antenor Ferrey, vivió en la casa que ella reclama como propia.
“El Gobierno de Nicaragua tiene que pagar seis años de arrendamiento, que no pagó nunca. Si ellos se autoproclamaron administradores judiciales, el tribunal tuvo que haber fijado un canon de arriendo de acuerdo al valor del mercado donde está la propiedad”, dijo Cerrud.
Sin embargo, según documentos legales, la misión diplomática nicaragüense estaba en posesión de la vivienda bajo resguardo judicial y no establece ninguna mensualidad.
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HAY DERECHO LEGÍTIMO
En tanto en Nicaragua, el abogado Alberto Novoa, exprocurador general de la República de este país, afirma que el Gobierno nicaragüense “tiene el derecho de reclamarla (la propiedad) por ser producto de un delito de malversaciones públicas ocurrido en Nicaragua y producto de eso se compró en Panamá ese bien inmueble”.
El Gobierno de Nicaragua mediante carta diplomática aseveró que la propiedad en disputa, de donde fue expulsado el viernes 22 de julio el embajador Ferrey, está bajo la figura de aprehensión o secuestro preventivo a favor de Nicaragua, por estar ligada a casos de corrupción contra Arnoldo Alemán que aún están abiertos en Nicaragua. Ante estos dichos, Cerrud afirma lo contrario.
“Mi casa está libre de toda medida, libre de cualquier situación jurídica”, dijo la abogada quien supuestamente fue agredida por el embajador Ferrey, cuando intentó cortarle el agua potable a la vivienda, como medida de presión para que este entregara la casa.
Respecto, a que si la casa fue comprada con dinero proveniente del erario público de Nicaragua, la abogada panameña dijo que el Gobierno de Nicaragua debe probarlo.
“Es falso. Que no sigan lloviendo sobre mojado, de algo que no tiene nada que ver. Ellos (Nicaragua) pueden decir lo que quieran, recuerden que el derecho es probatorio, tienen que probarlo. Ya culminó el proceso, ahora hay que respetar la sentencia de los tribunales panameños, eso es lo que no quieren respetar por eso las agresiones físicas y verbales”, dijo Cerrud.
El exprocurador Novoa insiste en que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 2009, no exime al exmandatario Arnoldo Alemán de los casos conocidos como Mayco, vaquillas del IDR y narcojet, porque estos apenas estaban en investigación.
“La sentencia del 2009, se refiere a la huaca uno y dos, habla de lavado, peculado, fraude y cualquier otro que se presente relacionado a ello. Sin embargo, los casos Mayco, vaquillas del IDR y narcojet no fueron incluidos, se le olvidó al proyectista, en la sentencia absolutoria de Alemán”, dijo Novoa.
En el 2013, la Corte Suprema de Justicia de Panamá falló a favor de Alemán en el caso de blanqueo de capitales, porque tomó en cuenta la sentencia emitida en Nicaragua en el 2009, aduciendo que no podía ser juzgado dos veces por los mismos hechos y liberó todos los bienes incluyendo la casa en disputa.
Esta propiedad, donde vivía el embajador Ferrey en Panamá, fue dada en pago por Arnoldo Alemán al consorcio de abogados que lo defendió en ese país; por eso Nicaragua solicitó mantener el secuestro preventivo.
Cerrud dijo que demandará por daños y perjuicios porque ha gastado más de US$2,000 en atención médica por la agresión sufrida supuestamente a manos del embajador Ferrey.
CAUSAS CONTRA ALEMÁN CONGELADAS EN CSJ
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el 23 de diciembre del 2009 la Ley 715, conocida como Ley de Plazo Fatal, para los juicios que estaban pendientes de tramitarse con el antiguo Código de Instrucción Criminal (IN), entre estos tres causas contra el exmandatario Arnoldo Alemán.
Dicha ley establece un plazo máximo de sesenta días o dos meses para que los jueces y tribunales del país dictaran sentencia o archivaran para siempre todos los juicios pendientes.
Ante esto, la juez Primero Distrito del Crimen de Managua, Irma Laguna, resolvió declarar la inaplicabilidad de la Ley 715 o Ley de Plazo Fatal en las tres causas que tiene pendientes el expresidente Arnoldo Alemán conocidas como el narcojet, las vaquillas del IDR y el quiebre de Mayco.
Debido a lo anterior, le corresponde a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolver si admite o no la decisión de la juez. Si esta instancia decide aceptar esa determinación, los casos de Alemán quedarían abiertos para ser tramitados en cualquier momento.
“Esos casos están vivos, congelados en la Corte por más de seis años, pues no se ha pronunciado respecto a lo resuelto por la juez Laguna”, dijo Alberto Novoa, exprocurador general de la República.
LA PRENSA, desde marzo de este año, ha buscado la versión de la PGR y el poder judicial, respecto a la propiedad reclamada en Panamá y los casos de Alemán, pero no han respondido.
