Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en el estado mexicano de Guerrero en 2014 consideraron que la decisión de la CIDH de implementar un nuevo mecanismo de seguimiento confirma que “la justicia y la verdad en el caso Ayotzinapa están aún pendientes”.
En un comunicado emitido este viernes tras el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se reunió esta semana en Washington con el Gobierno mexicano y los familiares de los desaparecidos, los padres estimaron que el mecanismo puede ser una “importante garantía” para esclarecer el paradero de los jóvenes.
El mecanismo, según reveló la Comisión, se dedicará a dar seguimiento a las cuatro medidas cautelares dictadas en 2014 sobre el caso, y su actuación será indefinida en el tiempo.
Estará integrada por al menos dos asesores técnicos especiales, que tendrán acceso “pleno” a los expedientes y otras fuentes de información, y que podrán visitar el país “con la frecuencia y el tiempo que sean necesarios”, resaltó el boletín enviado desde el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
Además, el comisionado de la CIDH a cargo del mecanismo realizará al menos tres visitas a México para supervisar los trabajos.
En su resolución, la Comisión solicitó al Gobierno que “redoble sus esfuerzos” para determinar el destino de los jóvenes, quienes desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, presuntamente a manos de policías corruptos que los entregaron a criminales, según la versión oficial.
La CIDH también tomó nota de la valoración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) -cuya investigación en México puso en entredicho la versión de los hechos defendida por la fiscalía- que señalaba una “presunta obstrucción de la Justicia” en el caso.
Basándose en las menciones de la CIDH sobre el “deficiente” trabajo pericial, los familiares consideraron que “la investigación debe dejar de centrarse en la hipótesis del basurero de Cocula”, donde, según la fiscalía, los estudiantes fueron incinerados por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Pidieron que en esta nueva etapa se abarquen aspectos “sobre delincuencia transnacional y uso de tecnología para evitar el empleo de la tortura”.
En la presentación de su segundo informe el pasado abril, el GIEI pidió al Gobierno investigar uno de los autobuses en los que viajaban los jóvenes, que podría estar cargado de heroína, y contextualizar los hechos de esa noche con el tráfico de droga de Guerrero a Estados Unidos.
Los padres de los jóvenes, quienes en su momento se mostraron partidarios de la permanencia del GIEI en el país, defendieron que, por la complejidad del caso, la supervisión internacional es imprescindible para asegurar “que se indague a fondo” y “se revierta el sesgo que se introdujo en la investigación”.
“La afirmación de la CIDH sobre la falta de resultados concretos en la investigación da la razón a la lucha que por más de un año y diez meses han mantenido las familias”, indicaron los familiares.
Asimismo, pidieron el “inicio inmediato” de las labores del mecanismo de seguimiento y que el Estado acate la resolución de la CIDH, facilitando su trabajo.
Por su parte, el Gobierno mexicano expresó, tras la decisión de la CIDH, su “solidaridad con las familias víctimas” y el “compromiso con el pleno esclarecimiento de los hechos materia de la medida cautelar, la sanción de los responsables, así como la atención a las víctimas del caso”.
En un boletín conjunto de la fiscalía general, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), las instituciones reconocieron “el diálogo y la cooperación” con los familiares del caso Iguala y sus representantes.
De acuerdo con lo informado por la CIDH, México se encargará de dar “apoyo económico” al organismo para “asegurar el financiamiento del mecanismo de seguimiento”.