El Consejo Supremo Electoral (CSE) pretende controlar, mediante un Reglamento de Ética Electoral, todo comentario sobre las elecciones en medios de comunicación y redes sociales, hecho que según analistas, podría interpretarse como una amenaza a la libertad de expresión.
El pasado 18 de julio el CSE envió a los partidos políticos una propuesta de reglamento y en el artículo 1 resalta que, aparte de los partidos políticos, están sujetos al documento “comunicadores sociales, propietarios, directores y presentadores de programas de comunicación social, sitios web y redes sociales, dirigentes y miembros de las organizaciones cívicas… y ciudadanía en general”.
La expresidenta del CSE, Rosa Marina Zelaya, considera que eso es ilegal.
“La campaña electoral será eminentemente educativa y formativa de los valores cívicos de la ciudadanía nicaragüense, los sujetos relacionados en el artículo anterior (medios, presentadores, comunicadores, usuarios de redes sociales, etcétera) o las personas que hagan uso de los medios señalados están obligados a contribuir al proceso electoral y particularmente con la campaña política”, dice el Artículo 2 del reglamento.
Las elecciones de noviembre son consideradas una farsa por la oposición, luego de que el poder judicial, dominado por el orteguismo, le arrebató la representación legal del Partido Liberal Independiente a Eduardo Montealegre y se la entregara a Pedro Reyes. El presidente inconstitucional Daniel Ortega va a unas elecciones en las que no tiene competencia.
“Donde ya incluyen a los comunicadores sociales, sitios web, redes sociales, presentadores, ese artículo (del reglamento) está excediéndose a lo que dice la Ley Electoral, de manera que no sería aplicable a esas personas este reglamento electoral”, dijo Zelaya, expresidenta del CSE.
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300,000 En Nicaragua se calcula que ya los usuarios de Twitter se acercan a los 300 mil.
Límites a la libertad de expresión
Zelaya expresó que el reglamento puede interpretarse “como querer poner limitantes a voces críticas que pueda haber en contra del proceso electoral, por eso digo que es limitar también la libertad de expresión y la libertad política de los ciudadanos cuando están dando sus puntos de vista cívicos y políticos”.
El jurista José Pallais, exmiembro de la Comisión de Justicia del parlamento ve el reglamento como una amenaza a la libertad de prensa y de expresión.
“Aquí hay varios elementos que son un peligro para la libertad de prensa y de expresión en Nicaragua, primero que se generaliza, se pretende que haya un control, una supervisión del CSE sobre todos los ciudadanos nicaragüenses, no se reduce a los partidos políticos, a los candidatos, sino que se lleva al extremo de querer en este período de tener incidencia y censura sobre todos los nicaragüenses”, asegura Pallais.
Pallais sostiene que también causa preocupación “la mención específica que se hace a las redes sociales y al internet que se han mantenido como espacios de libertad… También causa preocupación que por primera vez se trata de intervenir, controlar o clausurar esos medios de expresión social”.
1.6 millones de usuarios de Facebook había en Nicaragua en 2014, según cálculos de empresas centroamericanas de tecnología.
Limitar las voces disidentes
Pallais interpreta que lo que el CSE quiere es limitar las voces críticas en contra de un proceso electoral donde Ortega va sin competencia, con dominio de todas las estructuras electoral y con control sobre “sus competidores”.
“Este reglamento rige para toda la campaña que está por empezar (el 20 de agosto próximo), el riesgo es que se utilice por parte del CSE para restringir las expresiones de opinión de los nicaragüenses ante ese período y obligar a que no se escuchen voces disidentes o voces críticas a la exclusión de la oposición y otros temas que el gobierno dictatorial no quiere que se discutan”, dijo Pallais.
El experto en temas digitales Manuel Díaz cree que la mención de los comunicadores sociales, propietarios, directores y presentadores de programas de comunicación social, sitios web y redes sociales en el reglamento no tiene mucho sentido legal.
“Las redes sociales tienen usuarios y no son mencionados. Sí menciona a dueños, así que supongo que hablará de los accionistas de Facebook y Twitter”, dijo Díaz.
En cambio Pallais ve en el reglamento un riesgo de censura “de que si yo publico en mi Facebook busquen mecanismos para impedir que lo siga haciendo o que busquen mecanismos para meterse en mis comunicaciones privadas para limitar la expresión de mi pensamiento”.
Lo que no está claro en el reglamento es el castigo para quien lo viole. Pallais cree que podrían interpretarlo como un delito electoral.
“No está catalogada como delito por el Código Penal, pero con base en una interpretación ellos podrían convertirla en delito, aunque te digo que sería una arbitrariedad; tampoco nos extrañaría que procedieran de esa forma”, concluyó.
SILENCIO SOBRE ABUSOS CON BIENES ESTATALES
La expresidenta del CSE, Rosa Marina Zelaya, dijo que la propuesta de reglamento no regula lo que sí debe regular: la campaña con bienes del Estado.
“Lo relacionado con la prohibición del uso de bienes propiedad del Estado para fines de propaganda política”.
“Tampoco dice —sostiene Zelaya— que en las oficinas públicas no se puede hacer propaganda política, es decir, que no se puede usar buses, camiones, computadoras, personas en tiempos laborales, eso es totalmente prohibido por la Ley Electoral”.
Según Zelaya, aunque la Ley ya establece esas prohibiciones, siempre se dejan en los reglamentos.
