El Ministerio de Gobernación controlará toda la información relacionada con el servicio diplomático y consular acreditado en Nicaragua, según las facultades que el poder ejecutivo le ha asignado a esa entidad, mediante un decreto de reformas al reglamento de la Ley 290, una facultad que antes estaba a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Créase la Dirección General de Atención a Connacionales, Personal Diplomático y Consular en el Servicio Exterior y Personal Diplomático y Consular Acreditados en Nicaragua”, expresa el artículo 2 del decreto de reformas que ya fue publicado en el Diario Oficial, La Gaceta, el pasado 1 de septiembre.
Entre las facultades que tendrá la nueva Dirección adscrita a Gobernación están: tramitar visas diplomáticas, oficiales, de cortesía, carné de identidad a las misiones diplomáticas, organismos internacionales, agencias de cooperación y organismos no gubernamentales acreditados en Nicaragua.
Asimismo, Gobernación se hará cargo “de recibir, clasificar, distribuir y resguardar correspondencia recibida en valija diplomática, hasta su destino final”.
Lo anterior viola la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, de la cual Nicaragua es suscriptora desde 1975, y que establece en su artículo 27 que la correspondencia diplomática es inviolable. “La valija diplomática no podrá ser abierta ni retenida”.
Contrainteligencia
Para el experto en temas de seguridad, Roberto Orozco, la facultad que el Gobierno le está dando a Gobernación está enfocada en un trabajo de contrainteligencia dirigido hacia el Servicio Exterior.
“Ya en la práctica eso viene sucediendo. La valija diplomática la atiende el Ministerio de Gobernación desde hace varios meses y con esto están aumentando los controles a los funcionarios del Servicio Exterior, acreditado en Nicaragua”, señaló Orozco.
De acuerdo con el experto, el propósito de facultar a Gobernación a que se inmiscuya en las labores diplomáticas “es para controlar la información”.
“Es una medida de contrainteligencia. Es decir, están supeditando las relaciones internacionales a la contrainteligencia, con el fin de controlar y que no se les meta ningún espía, controlar posibles acciones de la CIA. Ese es el objetivo de esta ley”, aseguró Orozco.
Según el investigador en temas de seguridad, Gobernación “será el ojo por encima del Servicio Exterior” para monitorear y recopilar la información de los diplomáticos que serán acreditados en Nicaragua “para fundamentalmente saber si es espía o no. Es una medida máxima de contrainteligencia”, insistió el también periodista investigador.
Control político
El ex vicecanciller de Nicaragua, José Pallais Arana, coincide con Roberto Orozco, al considerar que el Gobierno lo que pretende es “un mayor control político bajo el criterio de seguridad interior del Estado”.
“La atención al servicio diplomático ha sido competencia tradicional del Ministerio de Relaciones Exteriores y al crear una Dirección bajo el alero del Ministerio de Gobernación, que es un órgano de seguridad, se está dando un enfoque propio de los regímenes que privilegian la seguridad del Estado, que es propio de aquellos modelos en los que el concepto de seguridad interior es el primordial, para la organización y la administración del Estado, es decir, es propio de los regímenes totalitarios”, insistió Pallais Arana.
Para el ex vicecanciller de la República es lamentable la medida porque no abona a mejorar las relaciones con la comunidad internacional.
“En pocas palabras esta nueva reforma es delicada, porque ya el énfasis no es conectar a Nicaragua, porque el manejo de las visas y el ingreso al país estará bajo el criterio de seguridad del Estado y no bajo el criterio de apertura, de fortalecer las relaciones exteriores, sino que estará bajo una política de restricción y control que privilegia la seguridad del Estado frente a las relaciones internacionales”, afirmó Pallais.
Ana Isabel Morales, una mujer muy devota y comprometida con actividades pastorales, es la titular del Ministerio de Gobernación, pero de acuerdo con fuentes extraoficiales, quienes administran esa dependencia estatal son los expolicías Luis Cañas y Róger Ramírez, ambos con reconocida trayectoria en Inteligencia y contrainteligencia, además de ser funcionarios muy allegados al presidente inconstitucional Daniel Ortega.
Gobernación también emitió el pasado 12 de agosto una polémica medida que restringe la entrada de misioneros, la cual ha sido rechazada por la pastoral evangélica y católica.
Lea también: Gobierno sigue poniendo trabas a misioneros
“Propio de un Estado policíaco”
A juicio del constitucionalista Gabriel Álvarez, la medida gubernamental demuestra una vez más la construcción de un Estado policíaco.
“Aquí el tema es la construcción acelerada del Estado policíaco. Todo esto sigue un mismo patrón de paranoia propia de los regímenes dictatoriales, en donde quieren controlar y entrometerse en todas las esferas de la vida social y todos los ámbitos”, aseguró el experto en Derecho.
A criterio de Álvarez, el hecho de que el Gobierno quiera controlar la información del servicio diplomático obedece a que en el país “cada vez más se va perdiendo la presunción de inocencia”.
“Aquí todo mundo es sospechoso hasta que las agencias del Gobierno, de Inteligencia, de contrainteligencia y policiales no verifiquen que no sos delincuente, que no sos culpable. Yo creo que la comunidad internacional debería tomar nota con mayor atención”, aseguró Álvarez.
Iguales derechos
“La Constitución dice que los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales, salvo los derechos políticos, pero luego todos los demás derechos son iguales y el Estado no puede restringir ni someter los principios de libertad”, aseguró el jurista y constitucionalista Gabriel Álvarez, al valorar las facultades que tendrá el Ministerio de Gobernación en relación con el servicio diplomático acreditado en Nicaragua.
