El Ministerio Público costarricense informó este jueves que de las 30 mujeres encontradas en tres bares allanados la semana pasada en el norte del país, 14 son víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, de las cuales 11 son nicaragüenses, dos ticas y una dominicana.
“Ingresaron al país de manera ilegal y fueron trasladadas al bar Los Acostados, donde presuntamente recibieron instrucciones de que debían dar servicios sexuales a los clientes que frecuentan el lugar o, si se requería, debían trasladarse a los otros bares allanados (Tempana y Los Horcones)”, informó el Ministerio Público por correo electrónico sobre el caso de las nicaragüenses.
“Respecto a los medios por los cuales las mujeres (nicaragüenses) ingresaron al país, no es posible brindar detalles ya que la causa 16-000156-1185-PE, se encuentra en investigación en la etapa preparatoria (de recolección y análisis de pruebas), fase del proceso penal que es privada para terceras personas, según establece el artículo 295 del Código Procesal Penal”, justificó el Ministerio Público para evitar brindar más información.
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Futuro migratorio incierto
El futuro migratorio de estas mujeres en Costa Rica no ha sido definido, ya que aún son parte de una investigación judicial, además que algunas reciben atención psicológica, según Steven Madden, director de la Policía Profesional de Migración.
Los tres bares, ubicados en La Fortuna de San Carlos, norte de Costa Rica, fueron allanados la noche del viernes 2 de septiembre por la Policía Profesional de Migración, para desarticular una banda integrada por 5 nicaragüenses, 4 de ellos familiares originarios de León, dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.
La cifra sobre la cantidad de víctimas hasta este miércoles no era precisa, dado que inicialmente la Dirección General de Migración y Extranjería informó del hallazgo de más de 30 mujeres en los bares como posibles víctimas de este delito.
Lo que el Ministerio Público no quiso informar, es la cifra de cuántas de las 11 víctimas nicaragüenses están colaborando con la Fiscalía, cuántas están bajo asistencia estatal mediante el programa contra la trata de personas.“Por el principio de confidencialidad establecido en la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás sujetos intervinientes, ese tipo de información es de carácter privado, por lo cual no es posible brindar información al respecto”, añadió.
Hijos de las víctimas fueron reubicados
El Patronato Nacional de la Infancia informó que los 5 menores hallados por la policía durante los allanamientos, hijos de las víctimas de explotación sexual, fueron reubicados bajo protección de familiares que los reclamaron.
Por su parte, Jimmy Rivera, hijo de la líder de la banda, cuestionó la cifra de 30 mujeres halladas inicialmente por la policía migratoria en los bares.
“Dijeron (que eran 30 mujeres, absolutamente eso es mentira, no existe esa cantidad de mujeres aquí, no sé de dónde saca eso migración. En realidad nicaragüenses son 11. Por recomendación de nuestros abogados no puedo dar declaraciones, será después del próximo lunes, cuando se vence el proceso de apelación que presentamos, que podemos dar declaraciones”, dijo vía telefónica Rivera, desde San Carlos.
Rivera es hijo de una nicaragüense de apellidos Rivera Carrión, de 39 años, quien junto a su hermano de 37 años, con los mismos apellidos, eran los líderes de la agrupación criminal, según la Fiscalía.
Una hermana de Jimmy, de 22 años de edad, también era parte de la banda. La esposa del hombre de 37 años, de apellidos Hernández González, era otra integrante de la agrupación. Estas dos últimas, según las investigaciones, eran las responsables de cobrar dinero en los bares donde las mujeres se prostituían.
Una quinta mujer, de apellidos Hernández Valle, nicaragüenses que se encuentran de manera irregular en el país, era la encargada de reclutar mujeres para el negocio, cuyos requisitos eran en el caso de las nicaragüenses, no tener documentos, no conocer Costa Rica, ser delgadas y tener entre 25 y 30 años.
Los 5 miembros de la red descuentan 6 meses de prisión preventiva, dictadas por un juez penal de San Carlos.