La bancada parlamentaria del PLI, integrada por algunos de los diputados propietarios de ese partido y los suplentes que no fueron echados de la Asamblea Nacional por el orteguismo, presentaron una iniciativa de Ley de Conciliación Nacional, según dicen para abrir una salida a la crisis política del país que tiene ya una peligrosa repercusión internacional.
La iniciativa de los diputados del PLI —que no fue firmada por el jefe de bancada ni tiene el aval del partido— propone suspender las elecciones de noviembre, que para muchos no serán comicios auténticos sino una farsa electoral como las que solía hacer la dictadura somocista y la que hizo, en 1984, la primera dictadura sandinista.
En realidad, con su propuesta de que tales elecciones sean declaradas improcedentes y canceladas, los diputados del PLI están reconociendo de hecho que serán una farsa. De manera que para que esa propuesta sea coherente debería ser respaldada por el partido, pero no solo con una declaración formal sino con su retirada de la farsa electoral.
No obstante, la iniciativa de los diputados PLI fue valorada positivamente por Violeta Granera, excandidata vicepresidencial de la Coalición Nacional por la Democracia a la que la dictadura orteguista le impidió participar en las elecciones mediante una resolución judicial espuria. La dirigente opositora procedente de la sociedad civil declaró su respaldo a “cualquier iniciativa que le esté buscando una salida a la situación delicada que vive el país”, y observó que “si tiene voluntad política, este Gobierno será el primero en aceptar el diálogo”.
Pero la verdad es que es muy difícil, por no decir imposible, que Daniel Ortega pueda abrirse voluntariamente a soluciones democráticas. Al dictador sandinista hay que obligarlo a respetar la democracia, que no depende del humor de nadie sino que es un valor constitucional y un compromiso internacional del Estado de Nicaragua.
De todas maneras, si la mencionada iniciativa de los diputados del PLI es propia y sincera no tiene ninguna posibilidad de ser aceptada por el orteguismo, ni siquiera para su discusión en la Asamblea Nacional. A lo sumo, lo que podría hacer la dictadura es combinarla con el planteamiento del general retirado Humberto Ortega, exjefe del Ejército Popular Sandinista y hermano del dictador de turno, quien ha hablado de una concertación nacional después de que su hermano se reelija otra vez en noviembre próximo. Para muchos nicaragüenses y observadores extranjeros, la idea de Humberto Ortega es un artificio para avalar la nueva reelección de su hermano y legitimarla ante la comunidad internacional. Y si así fuese la parte del diálogo en la propuesta de los diputados del PLI, podría ser utilizada para esos fines turbios.
Sin embargo, lo principal de la propuesta de los diputados del PLI, de cancelar la farsa electoral, aunque sea sincera y bien intencionada no tiene viabilidad. Primero porque Daniel Ortega ni siquiera la consideraría; segundo porque tiene impedimentos constitucionales que no se pueden saltar salvo en situaciones de extrema urgencia; y tercero porque la presión internacional que está apretando a la dictadura no se complementa, todavía, con una acción propia del pueblo nicaragüense. El cual, al fin y al cabo debería ser el principal interesado en que la crisis política se resuelva con el restablecimiento de la democracia.
