El director ejecutivo del organismo Ética y Transparencia (EyT), Roberto Courtney, consideró que los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) “son cómplices” del delito electoral al no hacer cumplir la Ley y ordenar eliminar la propaganda del partido sandinista de las instituciones y bienes públicos.
El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha colocado propaganda de la candidatura presidencial de Daniel Ortega y de su esposa y candidata a la Vicepresidencia, Rosario Murillo, en edificios, escuelas, hospitales, centros de salud y hasta en clínicas móviles.
“Obviamente un aparato electoral que tiene esa actitud, de no actuar ante una violación tan flagrante, no está siendo un árbitro ecuánime, está siendo cómplice de un delito con claro sesgo partidario”, criticó Courtney.
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Ley Electoral sanciona
El director de Ética y Transparencia recordó que la Ley Electoral, Ley 331, es clara en que “no se deben usar las instalaciones públicas para fines de proselitismo partidario político de campaña y en el caso de quienes cometan el delito y sean candidatos pierden el derecho a seguir en las elecciones”.
El artículo 177 de la Ley 331 sanciona con la cancelación de la candidatura inscrita en el proceso electoral e inhabilita de uno a tres años a quienes cometan delito electoral, como es el uso de bienes estatales para hacer propaganda.
La Ley 331 ordena al CSE “que si la comprobación de los delitos se diera cuando ya los candidatos estuvieran electos”, que les cancele el nombramiento.
Si se aplicaran esas sanciones de la Ley Electoral, el CSE debió cancelar la candidatura de Ortega y hasta destituirlo del cargo de presidente inconstitucional; y no permitir que Murillo aspire a la Vicepresidencia, según Courtney.
Courtney lamentó que los magistrados y la fiscal electoral Mirna Benita Siles Herrera no actúen de oficio o tramiten las denuncias publicadas de los partidos que, como el FSLN, estén “a la vista de todos” durante el proceso de las elecciones nacionales.
Ética y Transparencia espera que la delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA), que hará presencia del 5 al 7 de noviembre próximo, realice un informe en el que sean incluidas las violaciones del partido FSLN.
No han puesto queja formal
Los candidatos a la Presidencia por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Maximino Rodríguez, y Saturnino Cerrato, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), criticaron también que el CSE no sancione al FSLN con base en la Ley Electoral. Sin embargo no han interpuesto una queja formal ante la fiscal electoral o el CSE.
Rodríguez agregó que “como parte del delito, la dictadura sandinista manda a los trabajadores públicos a hacer campaña. La Fiscalía Electoral debería estar acusando a quienes cometen esa infracción”.
Cerrato, por su parte, señaló que la pasividad del poder electoral es “porque hay todo un irrespeto al Estado de Derecho y a la institucionalidad y porque este es un gobierno de ‘por mis pistolas’”.
