En el 2015, el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó mediante normativa la reducción de los servicios gratuitos que da la Defensoría Pública en Managua, como proyecto piloto para regular el servicio que presta esta institución a los menos favorecidos.
De esta manera, según la normativa, la Defensoría ya no representa gratuitamente a personas acusadas de terrorismo, tráfico de migrantes, trata de personas, delitos sexuales contra niños y adolescentes, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico internacional de vehículos, entre otros delitos contemplados en el artículo 16 del Código Penal vigente.
Tampoco presta sus servicios a los profesionales del derecho, excepto en materia penal, ni defenderá a los obligados a prestar alimentos, en los casos de pensión alimenticia, según acuerdo número 324 de la CSJ.
Sin embargo, en la práctica, no es tan así, según explicó Clarisa Ibarra, directora de la Defensoría Pública, porque durante el año y dos meses que tienen de estar aplicando este proyecto piloto en Managua, solo se le ha negado el servicio de defensa gratuita a unas 60 personas. De estas han acudido a procesos de revisión administrativo y se les ha negado igualmente.
Llegar a los necesitados
“Un caso porque el solicitante tenía congelado un millón de córdoba, la otra era una persona con recursos económicos para poder pagar un abogado según resultado de la investigación que se hizo, el otro era un abogado con master en derecho de familia y un bufete de abogado y dos más que no recuerdo detalle”, dijo la doctora Ibarra.
La normativa aclara que el Estado debe garantizar la defensa gratuita a las personas de escasos recursos económicos, por eso deben cerciorarse que así sea.
“Es necesario establecer mecanismos de control que aseguren el adecuado destino de los fondos públicos asignados al servicio de defensa pública, para que no se beneficien quienes no los necesiten. Además se precisa que el servicio sea rápido y eficaz”, dice el acuerdo de la Corte.
En la práctica, en los turnos de fin de semana y días feriados, los defensores públicos se encontraban con casos que tenían que prestar el servicio sin discriminación de delitos porque los jueces se encontraban con dificultades para realizar audiencias, aunque según la ley, la audiencia preliminar se puede hacer sin defensa.
Por pensión de alimento
Durante este tiempo de aplicación de la normativa se ha autorizado a prestar servicio gratuito de defensa a dos padres demandados por pensión de alimento, después de pasar toda la investigación pertinente, dijo Ibarra. “La Constitución Política de Nicaragua en su artículo 73 habla de cortar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres y en ese sentido de autorizó prestarle el servicio a dos hombres demandados por pago de alimentos”, agregó la funcionaria.
En el 2017, esta institución debe brindar informe de la aplicación de dicha normativa, ante el Consejo de la Corte y ver que deciden.
La cantidad de usuarios que están requiriendo servicios de la Defensoría Pública van en aumento según datos estadísticos de esta institución, por ejemplo, en el primer trimestre de 2015 asistieron 2,439 personas a solicitar servicios para casos nuevos, y en el primer trimestre de 2016 llegaron 3,504 solicitudes de nuevos casos,
D e acuerdo con las estadísticas de esta dependencia del Poder Judicial, el 47.1 por ciento de las personas llegan para entrevistarse con defensores públicos, el 22.5 por ciento llega a buscar información y/o realizar consultas, el 17.4 por ciento asiste por casos nuevos y el 13.1 por ciento para entregar y/o recibir documentos. En materia de familia, a septiembre de este año han, ingresado 3, 737 nuevas causas, en su mayoría demandas alimenticias
53, 170 personas ha atendido la Defensoría Pública en Managua, de enero a septiembre de este año, según informe estadístico de la delegación departamental de esta institución.