Los principales acontecimientos políticos del 2016 terminaron de conformar la grave crisis de legitimidad que enfrenta el gobierno de Ortega, cuya profundidad y complejidad conlleva serios riesgos para la estabilidad económica y la paz social.
Aunque determinantes, los vicios electorales y la masiva abstención del pasado 6 de noviembre no son los únicos que han incidido en la crisis. El disenso acumulado se tradujo en un alto riesgo de perder las elecciones y fue lo que llevó a Ortega a rechazar la observación internacional, sacar del juego a la oposición democrática y expulsar a sus diputados de la Asamblea. Hay, además, otros principios o factores legitimadores que también han venido deteriorándose: el desgaste de su liderazgo y la efectividad de su gobierno, paralelos al deterioro de su imagen ante la opinión pública internacional y el empeoramiento de sus relaciones con los Estados Unidos (EE. UU.).
Ortega, entre la retórica trasnochada y la nadería, se ha convertido en una caricatura de sí mismo. La ausencia de un proyecto serio de transformaciones y de una plataforma ideológica que lo sustentase con un partido de gran debilidad institucional, se ha traducido en la ya conocida política populista y clientelar. Un vacío que ha posibilitado la omnipresente gestión centralizadora y mediática de su esposa Rosario Murillo, formalizada y potenciada ahora en la vicepresidencia, y la marginación del llamado sandinismo histórico.
También la efectividad en la gestión gubernamental, la capacidad de respuesta a los problemas inmediatos, se ha visto afectada por la drástica reducción de la ayuda venezolana, la baja de los precios internacionales de materias primas, el aumento incontrolable de la corrupción y la obsesiva centralización. La disfuncionalidad es hoy una realidad que afecta no solo al sistema electoral sino a todo el sistema político, económico y social.
El deterioro de las relaciones con los EE. UU., que ya venía profundizándose, ha llevado a la aprobación en el Congreso de la Nica Act y la calificación de la farsa electoral por el Departamento de Estado como un proceso viciado, “que impidió toda posibilidad de realizar elecciones libres y justas”. La legitimidad derivada de las buenas relaciones con la gran potencia vecina ha terminado de esfumarse, en medio de la gran incertidumbre generada por el triunfo de Donald Trump y la consolidación de la mayoría republicana en ambas cámaras.
Como aquellas sombras, del Benito Cereno de Melville, que presagiaban otras sombras aún más profundas, lo sucedido en los últimos días de noviembre frente a la movilización campesina, con un país prácticamente en Estado de sitio, es un anuncio de lo que está por venir. La falta de legitimidad produce miedo en quienes detentan el poder y el recurso a la fuerza para contrarrestarlo.
El uso de la fuerza aterroriza no solo a quienes lo sufren sino también a quienes la emplean. “Cuanto más miedo despierta el Poder, más miedo siente; cuanto más miedo tiene, mayor es su necesidad de hacer sentir miedo. La cadena —concluye Guglielmo Ferrero, el gran estudioso de la legitimidad— puede terminar abocada a inimaginables horrores”.
¿Cómo detener este círculo vicioso capaz de arrastrarnos al infierno? El mismo Ferrero da la respuesta: “El Poder no deviene legítimo y no se libera del miedo más que cuando consigue suscitar el consentimiento, activo o pasivo, pero sincero, de aquellos que le deben obediencia”.
Dos graves errores deben evitarse frente a esta crisis. Uno es creer que el paso del tiempo, como en los duelos, lo cura todo, tratando de doblar la página, ver para otro lado y diferir el problema a las elecciones del 2021. Otro es creer que la crisis, integral y compleja, se puede resolver con simples ajustes al sistema electoral o a través de una componenda o arreglo de cúpulas. Ambos errores encierran la típica respuesta pragmática e irresponsable, de tanteo y apuesta, que ha caracterizado a algunos sectores aliados de Ortega. Apuesta, en última instancia, a la capacidad de aguante de los nicaragüenses y a la capacidad de represión violenta de parte de Ortega.
El autor es jurista y catedrático.