El veinte y ocho de febrero fue un buen día para Nicaragua. Esa es mi opinión personal basada en los documentos suscritos entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (SG-OEA) y el Gobierno de Nicaragua.
A mi criterio, estos acuerdos son una base para que no le vuelvan a “tapar el radar”, como en su momento y, muy diplomáticamente, expresó el jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, don Dante Caputo, en relación con el fiasco electoral de las elecciones nacionales del año dos mil once y, ya no se diga de los otros burdos fraudes del dos mil ocho, dos mil doce y dos mil diez y seis.
Sinceramente, creo que es un muy buen primer paso. Sin embargo, sin demeritar otras múltiples etapas y partes del proceso electoral en su conjunto, la Misión de Observación Electoral de la OEA deberá poder constatar y garantizar la igualdad de oportunidad para el financiamiento electoral para los diferentes partidos políticos participantes en las elecciones municipales del presente año. Deberá frenar el mal uso de bienes y fondos públicos del Estado por el partido de Gobierno; garantizar: la acreditación de fiscales para cada partido político o, alianza de partidos políticos; la entrega con suficiente anticipación de las credenciales; la prohibición de las autoridades electorales en cuanto a la exclusión, inhibición, separación y/o expulsión de la presencia de fiscales durante todas las etapas del proceso electoral y, con ello, la eliminación de las restricciones de portación de medios de comunicación celular que estos posean; que las urnas electorales sean físicamente transparentes, de tal forma que sea imposible aperturar una Junta
Receptora de Votos con votos “preñados” de previo; que no existan más boletas de votación que las enviadas en el bulto electoral; que la apertura de los bultos electorales, la respectiva contabilización de la cantidad de boletas integrantes del bulto electoral y, el respectivo montaje de las urnas, se realice, obligatoriamente, en presencia de todos los fiscales y, de los miembros observadores de la SG-OEA; que aleatoriamente, sin control ni restricción alguna del Consejo Supremo Electoral, ni de ninguno de sus funcionarios, decidir sobre en qué JRV destacará observadores electorales permanentes; que, desde la llegada del bulto electoral, la apertura y montaje del mismo, el proceso de sufragio de los ciudadanos, el proceso de contabilización de boletas con votos válidos, boletas no usadas y boletas anuladas, la entrega de copias iguales y legibles de los resultados a cada partido participante, la correspondiente transmisión y/o envío de resultados, la publicación pública y permanente de los resultados de cada acta de escrutinio en cada JRV, se desarrollen correctamente, sin manipulación ni violación alguna; que las actas recibidas en los Consejos Electorales Municipales sean originales, sin enmendaduras, sin tachones, sin correcciones, sin alteraciones y completamente fieles a las escrutadas en cada JRV; que el escaneo, la digitación y correspondiente envío electrónico de cada acta de escrutinio de cada JRV sea reflejo idéntico del dato que físicamente cada acta posea, sin que presente alteraciones, enmendaduras y/o trasposiciones numéricas que cambien la voluntad popular para cada grupo de candidatos y su organización política participante; que en el mismo envío electrónico de cada acta de escrutinio se copie simultáneamente a cada partido político participante; que la página web del Consejo Supremo Electoral vaya reflejando en tiempo real sobre la alimentación numérica que se va recibiendo de cada acta de escrutinio, misma que debe reflejar cada JRV, Centro de Votación y Municipio.
Estas medidas, entre otras igualmente o mas importantes, como la depuración del padrón electoral y su entrega fotográfica; la estricta garantía de la completa y total inmunidad para los funcionarios de la Misión de Observación Electoral de la SG-OEA; la réplica de iguales derechos de observación electoral para el Centro Carter, la Unión Europea y organizaciones civiles nacionales; la eliminación de la discrecionalidad casi infinita del Poder Electoral; la modernización y reforma a la Ley Electoral; la reestructuración futura de la composición de los magistrados electorales y su procedencia, son aspectos fundamentales para restablecer de forma importante la transparencia, igualdad de competencia y credibilidad en los procesos electorales en nuestro país.
El autor es Ex Diputado.