LA PRENSA publicó ayer un amplio y documentado reportaje sobre la alarmante crisis financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Esta crisis se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo, pero bajo el actual régimen orteguista se ha agravado y según los expertos a corto o mediano plazo podría desembocar en la quiebra del sistema de seguridad social, a menos que haya un cambio de gobierno y de enfoque gubernamental.
No hace falta repetir aquí todas las cifras que demuestran la crisis financiera del INSS, publicadas ayer en LA PRENSA. Basta mencionar que el déficit de la institución de seguridad social llegó en 2016 a 1,579.2 millones de córdobas, el peor de los últimos 16 años.
Los ingresos del INSS aumentan pero sus gastos crecen más, por el incremento desmesurado de la burocracia, el pago de pensiones por motivos políticos a quienes no cotizaron lo que manda la ley o no contribuyeron nada, y por las cuantiosas inversiones en negocios privados de las que no se rinde cuentas como es debido. De manera que el año pasado los ingresos del INSS fueron de 22,337.8 millones de córdobas (16.7 por ciento más que en 2015), pero los gastos se elevaron a 23,919.2 millones, o sea 1,581.4 millones más que el año anterior.
Desde que fue creado el INSS, en 1956, nunca tuvo una administración tan mala como la de ahora ni enfrentó una crisis integral tan profunda como la que sufre actualmente. Y las perspectivas son de empeorar la crisis, porque, como hemos dicho antes, para resolverla y salvar el sistema de la seguridad social habría que comenzar por cambiar el Gobierno.
Con razón, el vocero de la empresa privada y enlace empresarial con el régimen, advierte que la parte patronal no aumentará más su cuota al INSS. Ya en el 2014 el Cosep consensuó con el Gobierno una reforma del Seguro Social mediante la cual se aumentó el aporte de los empleadores y se adoptaron otras medidas importantes, supuestamente para resolver la crisis. Sin embargo la administración financiera del INSS siguió igual de irresponsable y la crisis se ha agravado en vez de resolverse.
Según los expertos, dentro de unos siete años el Seguro Social podrá caer en insolvencia financiera. El futuro de las pensiones de los asegurados es incierto pero el régimen de Ortega no puede —o no quiere— resolver la crisis del sistema de seguridad social. No puede, por incapacidad administrativa y la corrupción; y no quiere, porque en su concepción ideológica el sistema de seguridad social es una invención del capitalismo y más bien quisiera abolirlo, como ya intentó hacerlo durante la revolución sandinista de los años ochenta.
En esta situación, los pensionados actuales y futuros del INSS deberían actuar en favor de que se resuelva esta crisis. Pero solo unas cuantas personas reclaman. La falta de conciencia social —que se manifiesta en la indiferencia de los ciudadanos ante sus propios y más directos problemas— es impresionante. De eso se vale el grupo gobernante para hacer y deshacer todo lo que quiere.