La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos, mostró públicamente su disgusto por la valoración negativa del poder judicial de Nicaragua que se hace en los informes internacionales.
En particular, la presidenta Ramos se ha referido al reciente informe del Departamento de Estado de EE.UU. sobre la Estrategia de Control Internacional de Narcóticos, en el cual se indica que en Nicaragua “la corrupción y la falta de independencia judicial deben ser enfrentadas para mejorar los esfuerzos antidrogas”. Según la doctora Ramos, “lo que pasa es que el Departamento de Estado hace sus propias consultas y siempre consulta al mismo grupito de gente que dice lo mismo. Ellos quisieran que el tribunal fallara a su favor, pero como le es contrario andan diciendo que no hay independencia”.
En auxilio de su alegato de defensa, la presidenta de la Corte Suprema mencionó el dato de que el año pasado se produjeron 148 mil sentencias y nadie llamó a los jueces para que fallaran en tal o cual sentido. “Los jueces son independientes y resuelven de acuerdo con las leyes y sus propios criterios”, sentenció la doctora Ramos. Pero no es necesario escudriñar esas 148 mil sentencias para valorar la administración de justicia en Nicaragua.
Desde la época de la Revolución Francesa quedó claro que la justicia tiene que ser independiente de cualquier otro poder para que la función judicial pueda ser sostén de la estabilidad social y el buen orden público. Solo la independencia de la justicia puede garantizar el reconocimiento de los derechos de las personas, la buena calidad democrática de la ciudadanía, la seguridad jurídica de las personas y de la propiedad, el control de los actos gubernamentales, la lucha de la sociedad y el Estado contra la corrupción y la impunidad, etc. Donde el poder judicial no es independiente, la política se judicializa y la justicia se politiza. Esto es lo que ocurre en Nicaragua debido a que el poder judicial está subordinado al partido político gobernante, el FSLN y su caudillo Daniel Ortega.
Eso está a la vista de todos. No se puede creer que es independiente una justicia que por obedecer una orden política transforma el polvo de cocaína en talco, condena a inocentes y deja libres e impunes a culpables, y en la resolución de los litigios por el tuyo y el mío falla a favor del que tiene la protección del partido oficialista o de un poderoso e influyente funcionario político y en contra de quienes no cuentan con ese amparo viciado.
¿Cómo se podría creer que la justicia es independiente en un país donde los eventos judiciales son adornados con símbolos del partido gobernante y los magistrados y jueces entonan a coro las consignas partidistas?
¿Cómo puede ser independiente el poder judicial si con aprobación tácita de la Corte uno de sus miembros más prominentes representa en eventos políticos internacionales al partido oficial y reclama su derecho de militancia partidista en el ejercicio de su función judicial?
¿Quién, fuera de los fieles del FSLN y los devotos de Daniel Ortega, podría decir sin sonrojarse que la justicia en Nicaragua es independiente?