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La Prensa

El “injerencismo” de la OEA

El Consejo Permanente de la OEA discutió el martes de esta semana la crisis de Venezuela. Como resultado de la reunión se recomendó la elaboración de una hoja de ruta o plan para ayudar a ese país suramericano a salir de la crisis por una vía democrática.

El propósito de la OEA es persuadir al Gobierno de Venezuela que convoque a elecciones para recuperar su legitimidad, que reconozca la institucionalidad de la Asamblea Nacional, que libere a los presos políticos y abra un canal humanitario para aliviar los sufrimientos de la población venezolana. Antes de pedir la suspensión de Venezuela —que es lo más que puede hacer la OEA—, el Consejo Permanente ha decidido darle una oportunidad a los mecanismos diplomáticos para ver si el presidente Nicolás Maduro reflexiona por fin y adquiere la sensatez que le hace falta para permitir que se resuelva la crisis.

Los gobiernos de Venezuela y sus aliados más cercanos: Bolivia y Nicaragua, trataron de impedir la sesión del Consejo Permanente insultando a los representantes de los países democráticos y alegando que discutir sobre problemas internos de un país, sin el consentimiento de su gobierno, es injerencismo y está prohibido por las normas del derecho internacional.

Pero ese argumento es falso. La intervención del Consejo Permanente de la OEA en la crisis de Venezuela se hace en cumplimiento del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, el cual señala que en el caso de que en un Estado Miembro “se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”, el Consejo Permanente puede actuar con el fin de “disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”.

Lo del injerencismo es un argumento trillado de los gobernantes autoritarios, que violan las normas democráticas establecidas y garantizadas internacionalmente —así como por las constituciones y leyes de sus propios países— y pretenden hacerlo impunemente.

El derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos, en el cual se sustentan los principios de la soberanía y autodeterminación nacional, no significa ni se puede entender como que los gobernantes autoritarios pueden hacer lo que quieran contra sus propios pueblos. Por el contrario, cuando esto sucede en el país que sea, la comunidad internacional tiene el deber de intervenir mediante resoluciones e inclusive con presiones diplomáticas, políticas y financieras, para sancionar al gobierno que usurpa la soberanía popular y oprime a su pueblo.

En ocasiones anteriores hemos señalado que es una hipocresía política del régimen orteguista reclamar contra el supuesto injerencismo de la OEA, siendo que el mismo partido FSLN envió una misión a Washington en 1979 —y uno de sus miembros ocupó el asiento de Panamá—, para pedir que el organismo hemisférico condenara y aislara al gobierno de Anastasio Somoza Debayle y poder derrocarlo más fácilmente.

La OEA condenó entonces al gobierno de Anastasio Somoza Debayle y exigió su inmediata sustitución, una actitud sin duda mucho más injerencista y contundente que el tratamiento que le está dando ahora al caso de Venezuela.

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